El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció desde la brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta (Norte de Santander), en donde encabezó un consejo de seguridad tras el atentado registrado en la tarde del miércoles 24 de mayo, en el municipio de Tibú, que dejó dos policías y una civil muertos.
Velásquez, ante las acusaciones de que habría una instrucción de “brazos caídos” a las tropas, negó que el mensaje desde el ministerio sea el de ceder ante los grupos armados ilegales.
“Las percepciones de que las Fuerzas Militares están amarradas, que no pueden actuar, eso es falso. Y es precisamente lo que hablábamos en el consejo de seguridad. Lo que se requiere es una reacción contundente de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la represión del delito”, precisó Velásquez.
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“Nunca se ha dado una instrucción de suspensión del cumplimiento de sus deberes, no se ha dado nunca una instrucción de brazos caídos, eso es absolutamente falso”, añadió el titular de la cartera de Defensa, que por motivos de seguridad no pudo desplazar hasta la zona del ataque.
Para el ministro, tanto el Ejército Nacional como la Policía debe continuar con su acción ofensiva, “pero no con operaciones en territorios de cese al fuego”.
Sobre el particular, el presidente de la República, Gustavo Petro, suspendió el lunes 22 de mayo el cese bilateral que operaba con el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, desde el 31 de diciembre de 2022.
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Pero dicha decisión solo aplica en cuatro departamentos: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, luego del asesinato por parte de esta disidencia de cuatro jóvenes de la comunidad Murui que habrían sido reclutados a la fuerza.
No quiere apresurarse de señalar responsables
En su pronunciamiento, recalcó que hasta el momento “no se puede asegurar cuál de las organizaciones mencionadas fue” la responsable de este ataque. Y para quienes exigen que se confirme la autoría de este suceso, manifestó que “lo que pasa es que no vamos a aventurar con hipótesis, es con realidades”.
Eso sí, espera en 24 horas tener un informe completo de inteligencia militar sobre los que están detrás de este atentado en esta zona, marcada por la violencia.
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En este consejo, se evaluó la situación de orden público de la región del Catatumbo, en donde tiene su accionar el frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además del frente 33 de las disidencias de las Farc y estructuras criminales como los Rastrojos, el Clan del Golfo, las Águilas Negras y los Urabeños.
Entre las determinaciones que se tomaron en el este consejo de seguridad, está la asignación al departamento de 10 pelotones del Ejército, con 360 efectivos; se reforzará la Policía Judicial y el grupo antiextorsión del Gaula, que combate el secuestro y la extorsión; fenómenos que van en aumento.
Millonaria recompensa
Luego del hecho criminal que dejó tres víctimas mortales, el Ministerio de Defensa ofreció $250.000.000 de recompensa por información que permita dar con la captura de los responsables de este ataque, en el que se utilizó un cilindro cargado con 50 kilogramos de explosivos, detonado al paso de una patrulla de la Policía en Tibú.
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En el ataque terrorista perdieron la vida el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo y el patrullero Andrés Idárraga Orozco. Mientras que sufrieron heridas de consideración el mayo Wilson Millán Triana; el intendente Édinson Niño Hernández y los patrulleros Brando Lec Coronado Aarón, Germán Yahir Gómez Monsalve y Ezequiel Pérez Arciniegas.