En audiencias programadas para este 23 y 24 de mayo, la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, leerá el fallo de decisión sobre si acoge o no los argumentos de la Fiscalía General de la Nación para que se precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Así mismo, se pronunciará acerca de los planteamientos de las víctimas reconocidas en este caso.
El argumento de la Fiscalía es que no existen pruebas de que el exsenador hubiera planeado y ordenado que los testigos fueran presionados o que se les ofreciera prebendas judiciales o dinero para que declararan en contra del senador Iván Cepeda.
Además, la defensa de Uribe Vélez sostiene que no se cometió ningún delito y que existen interceptaciones que demuestran que no hubo ninguna orden de sobornar a testigos y que lo único que quería el exmandatario era que se buscara la verdad sin presiones ni exigencias por fuera de la ley.
Por su parte, la defensa de las víctimas reconocidas en el proceso aseguran que la Fiscalía no investigó a profundidad y no tuvo en cuenta las evidencias recogidas por la Corte Suprema de Justicia durante su investigación.
Durante la última audiencia de preclusión, el pasado 16 de marzo, Uribe explicó en su intervención de más de 10 horas cómo actuó en el caso y aseguró que es inocente. Dijo que nunca ordenó ni pidió que se dieran sobornos o ayudas humanitarias a testigos para que declararan a favor suyo o en contra de Iván Cepeda.
“Me informó tardíamente por allá en junio o julio de 2019 cuando ya no realizaba gestiones para mi persona; yo he sido muy cuidadoso con la verdad y siempre le dije a Diego Cadena que no me interesa sino la verdad, la ley y la transparencia (…)”, expresó.
Los posibles escenarios
Algunos expertos y juristas cercanos con el caso fueron consultados por el periódico El Tiempo acerca de los posibles escenarios que podría tomar el futuro judicial del expresidente Uribe dependiendo de la decisión de la juez Barrera.
“El primero es que la juez acceda a la solicitud de preclusión de las dos conductas que se investigan, como lo ha solicitado ya en dos ocasiones el ente acusador; o que pida la preclusión parcial, de solo una”, señaló para ese medio el penalista Jesús Albeiro Yepes. También podría pasar que la juez decida precluir solo un delito.
En caso de que la juez niegue la preclusión de una o de las dos conductas, no significa que el expresidente vaya a ser imputado, acusado y llamado a juicio. “En el sistema penal acusatorio no es propio de los jueces entrar a definir si se acusa o no, así para algunos se infiera. Es prerrogativa exclusiva de la Fiscalía definir si imputa”, explicó Yepes.
Ante este escenario, el ente acusador podría cambiar el causal de solicitud de preclusión, según esté definido en el artículo 332 del Código de Procedimento Penal. Una de las causales puede ser el vencimiento de términos; en ese escenario se podría nombrar a un nuevo fiscal para que adopte una decisión en un término de 60 a 90 días si hay concurso de delitos.
Apelación
Los expertos consultados por El Tiempo no coinciden en si la defensa del expresidente o las víctimas pueden apelar la decisión de la juez Barrera. El penalista Francisco Bernate dijo que solo la Fiscalía podría hacerlo; pero, para Yepes, las víctimas cuentan con ese derecho y su defensa podría proceder en consecuencia.
Esta discusión podría dilatar todavía más el proceso y podrían dar paso a tutelas. De igual forma, existe la posibilidad de que la Fiscalía pida la preclusión por tercera e incluso cuarta vez.