Fuertes dardos de Francisco Barbosa a la Paz Total: “Pone en peligro a ciudadanos y afecta labor de la Fiscalía”

El anuncio del Gobierno nacional de interrumpir el cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc no solo generó preocupación, sino también fuertes críticas en sectores opositores a la administración Petro.

En ese sentido, el fiscal general Francisco Barbosa cuestionó duramente la determinación de levantar la pausa de acciones violentas entre esa disidencia y la fuerza pública, y lanzó varias pullas a la política de Paz Total y la intención de instalar mesas de negociación con diversos grupos armados.

En Semana, la cabeza del organismo de control judicial aseguró que los ceses al fuego decretados con disidencias de las extintas Farc se volvieron un justificante para que esos grupos cometan hechos violentos como la masacre de cuatro niños indígenas de la comunidad indígena muruí perpetrada en Putumayo el sábado 20 de mayo. Asimismo, aseguró que esa iniciativa de pacificación planteada en primera instancia por el presidente de la República pone en riesgo hasta la labor de la Fiscalía contra esas estructuras.

Al respecto, Barbosa indicó ante el medio citado que la Paz Total “impide que la Fiscalía pueda hacer efectivas las órdenes de captura de los asesinos de esos niños; son órdenes de captura que terminan siendo imposibles de ejecutar”. A ello, agregó que los ceses al fuego y de hostilidades impiden incluso que la fuerza pública realice su trabajo, y se despachó contra el pronunciamiento del Estado Mayor Central y la amenaza de “más muertos” tras la orden del Gobierno.

“Esa amenaza de más muertos no se puede responder con mano tendida, sino con la acción del Estado”, dijo Barbosa en la revista mencionada. Incluso, calificó como una “torpeza”, la forma en que la actual administración ha abordado la política de paz y seguridad.

La orden del presidente de levantar el cese al fuego

En la noche del sábado 20 de mayo, el jefe de Estado condenó la masacre de los cuatro niños muruí y la calificó como “una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional humanitario”. Posteriormente, convocó a un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas frente a este y otros sucesos que fueron ocasionados por grupos residuales.

Al término de este (lunes 22), el Gobierno anunció la suspensión del cese al fuego con la disidencia comandada por alias Iván Mordisco. A través de un pronunciamiento, se volvió a rechazar el asesinato de los menores a manos de integrantes del frente Carolina Ramírez de ese grupo. En ese orden, se determinó la reactivación de todas las operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde se había establecido en primera instancia la pausa de hostilidades con el EMC.

“Debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población “el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022”, indicó el pronunciamiento oficial. El Gobierno nacional había convocado a los delegados del grupo ilegal para comunicarles la decisión, pero no estuvieron presentes.

En ese orden, el levantamiento del cese se efectuará en las 72 horas siguientes a la publicación de la decisión; sin embargo, invitó a los integrantes del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv) a ratificar su participación en las zonas donde la pausa de acciones armadas continúa vigente.

“Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC-FARC por el respeto al cese al fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores”, precisó al respecto el Ejecutivo.