El Tribunal Administrativo de Santander decretó suspender de forma provisional la resolución de la Corporación Autónoma de Santander ―CAS― “por la cual se otorga una licencia ambiental y se dictan otras disposiciones” a la multinacional Colcco. La licencia le permitía la minería a cielo abierto y por socavón en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.
Este fue el resultado de una demanda de nulidad interpuesta por el representante a la Cámara por Santander Cristian Avendaño, junto con los senadores Fabián Díaz, Gloria Flórez y Robert Daza Guevara, además de 400 santandereanos en contra de la CAS, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la multinacional.
Frente a esta decisión, el representante Avendaño indicó que “demostramos graves inconsistencias técnicas que ponen en peligro fuentes hídricas, y especies de fauna y flora que no fueron contempladas en los estudios y en los planes de manejo ambiental”.
Los congresistas aseguraban en su demanda que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no se establecen las áreas de intervención efectiva para la explotación bajo tierra, no se allegó un documento referente a la compensación forestal, no se evidenció la información correspondiente a las áreas de intervención efectivas en el tema de residuos no se incluye el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, entre otras quejas.
Además, señalaron que la CAS no tuvo en cuenta el debido proceso administrativo “lo que ocasionó que, contrario a la normatividad y violando el principio de participación, en múltiples ocasiones se permitiera a la empresa para que posteriormente a la audiencia pública allegara información que no fue socializada con la comunidad”, se lee en la denuncia instaurada por el representante Avendaño junto con los senadores.
Sobre la empresa Colcco, los congresistas dijeron que, “no allegó la información relacionada con la metodología que implementará para la identificación de riesgos y vulnerabilidad en el marco del desarrollo y ejecución del proyecto dentro del plan de contingencias o plan de gestión del riesgo del proyecto”.
Por su parte, los habitantes de Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí y San Vicente reclamaban que debido a la actividad minera en la zona, el río Cascajares podía contaminarse, y de ese afluente se abastecen varias comunidades. Por eso, desde enero de 2023 hubo protestas por más de 15 días en la vía entre la Lizama y la Costa Caribe para oponerse a la licencia que le había sido otorgada a Colcco.
Inclusive, en su momento, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó que tras realizar revisión al proceso de otorgamiento de licencia ambiental se encontraron múltiples fallas, por lo que también decidió interponer una demanda de nulidad a la licencia otorgada por la CAS.
“Hemos radicado un documento a la corporación autónoma para su revisión, en dónde encontramos múltiples fallas de esa licencia. La decisión del ministerio, por lo tanto, es que va a demandar la nulidad de esa licencia para la empresa Colcco que se entregó en el Carmen de Chucurí. Ese es el tipo de decisiones que queremos fortalecer con esa reforma en el Congreso del sistema nacional ambiental”, dijo en ese entonces la jefe de cartera.
La licencia había sido otorgada por medio de la resolución 0000572 al contrato FLL-082, celebrado en mayo de 2006 entre el Ingeominas y David Enrique Moreno Comas. Buscaba explotar un área de 4.950 hectáreas por 30 años.
Luego, en 2007, le cedieron el 100% de las acciones a la sociedad minera Keystone Minería Ltda., que en 2013 le cedió nuevamente todos los derechos y obligaciones a Colcco S.A. En ese tiempo se devolvieron 1.949 hectáreas.