Durante el encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló no solo de la necesidad de seguir con la política de Paz Total del Gobierno nacional, sino de modificar parte de los mecanismos de reparación a fin de robustecer el sistema judicial, la reparación y no repetición.
En ese sentido, planteó que se debe modificar la Ley de Víctimas con el propósito de ajustarla a los requerimientos del Sistema Integral de Paz establecido en el Acuerdo Final de 2016 y al universo de víctimas que, de acuerdo con el Registro Único de Victimas, es de 9.472.019 de personas. Además, indicó que esos podrían solucionar los ‘cuellos de botella’ generados en Justicia y Paz.
Al respecto, argumentó que la Comisión de la Verdad, en el volumen ‘Hallazgos y recomendaciones’ del Informe Final, sugirió una adecuación normativa de la Ley de Víctimas –1448 de 2011– y eso es justamente lo que busca la administración Petro.
“También sabemos que la ley y procesos de Justicia y Paz ameritan algunos ajustes para poder cumplir sus propósitos,cosa que también fue señalada en la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones”, mencionó el ministro. De paso, reconoció que si bien esa jurisdicción presentó avances en materia de emisión de sentencias y reconocimiento de víctimas, padece varias falencias como trámites procesales inadecuados y falta de personal para el esclarecimiento de los procesos dirigidos a ese mecanismo.
Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, cuyo debate de aprobación cursa en la Cámara de Representantes durante el miércoles 3 de mayo, el alto funcionario indicó que el articulado propone la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el cual será dirigido por la Unidad de Búsqueda, entidad perteneciente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –Sivjrnr– del Acuerdo Final de Paz.
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, manifestó, durante el encuentro liderado por esa entidad, que actualmente existe un déficit superior a 4 billones de pesos para reparar a las víctimas reconocidas en Justicia y Paz. Dicha cifra, además, fue presentada a la Corte Constitucional al momento de pedir la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
“El estado de rezago en la indemnización de las víctimas reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz constituye hoy un problema estructural, situación que supone una vulneración masiva y generalizada de las víctimas”, aseguró la jefa del Ministerio Público. Bajo ese panorama, advirtió que es urgente la articulación de las instituciones estatales para elaborar medidas que permitan agilizar la reparación a quienes sufrieron afectaciones por paramilitares durante el conflicto armado.
La funcionaria también cuestionó que el presupuesto asignado para la Unidad de Víctimas fue reducido, lo que configura una omisión “prolongada” de las autoridades correspondientes sobre sus funciones relacionadas con la verdad y reparación. Sobre esto, instó al Gobierno nacional a disponer de los recursos necesarios para cumplir con las metas de resarcimiento.
Durante su intervención, el ministro Osuna dijo que habrá acompañamiento de la Procuraduría en el diseño de los ajustes requeridos en esa jurisdicción y reconoció la necesidad de acelerar los procesos de reparación, la incautación de bienes y propiedades de quienes deben resarcir a las víctimas, la indagación sobre las compulsas de copias contra quienes apoyaron a esos grupos paraestatales.