El martes 2 de mayo, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación previa contra miembros de la Gobernación de Guainía, por determinar, debido a la situación que se presenta en la construcción de un plantel educativo, recientemente entregado a la comunidad indígena de El Paujil.
La denuncia de este hecho fue presentada por autoridades indígenas de Guainía, quienes evidenciaron serios problemas de infraestructura, deficiencias en la instalación de las tuberías sanitarias y caídas de parte del cielo raso; “situaciones que generan una grave afectación sanitaria y riesgos de lesiones a la comunidad educativa”, expresó el Ministerio Público en su comunicación.
En ese sentido, la Procuraduría aseguró que ya le había solicitado a los secretarios de Educación y Planeación departamentales detalles sobre las medidas adoptadas para atender estas graves situaciones, así como afectación de pólizas de estabilidad de obra, declaratorias de incumplimientos y demás aspectos relevantes.
El resguardo Paujil se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Inírida en la margen derecha del río Inírida. El asentamiento está conformado por las comunidades limonar, porvenir, paujil y matraca.
Para los habitantes de la comunidad de Paujil, la tierra es comunitaria, es decir, todas las familias tienen libre acceso a cualquier parte del territorio, respetando las zonas de trabajo de las distintas familias, que las trabajan de acuerdo a sus usos y costumbres, necesidades de alimentación y mano de obra disponible para realizar sus labores propias.
Para las comunidades indígenas de Guainía, la implementación de la etnoeducación y la prestación del servicio educativo en la región “presentan serias dificultades en el cumplimiento de los objetivos de cobertura, calidad e implementación de la política educativa por parte de las entidades territoriales”.
De acuerdo con la Fundación Gaia Amazonas, que ha orientado sus acciones en la conservación de la selva amazónica a partir del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés hay, aproximadamente, 23.600 indígenas en un área de influencia de 13 millones de hectáreas.
Estas zonas cuentan con 84 escuelas comunitarias reconocidas oficialmente, con currículos propios y maestros indígenas capacitados en educación intercultural.
Entre las problemáticas que evidencian las autoridades indígenas del departamento para la prestación del servicio de educación están: la dificultad en los desplazamientos según la época del año, verano o invierno; las grandes distancias que hay que recorrer en el río para llegar a las escuelas, los altos costos del combustible, el aislamiento en comunicaciones, el difícil acceso a energía y al agua potable.
A estas situaciones, de acuerdo con lo expresado por el Sistema de Monitoreo Regional Indígena, se suma la falta de adecuación del sistema educativo a la situación de movilidad de los niños y niñas indígenas, la falta de infraestructura física y el problema de las fusiones de los establecimientos educativos del departamento, el pago de docentes con recursos de transferencias y el no reconocimiento de los estudiantes indígenas.
En su comunicación del martes 2 de mayo, la Procuraduría finalizó requiriendo la documentación relacionada con las etapas contractual y poscontractual de la construcción del centro educativo, los respectivos contratos de interventoría, informes de supervisión y datos sobre los responsables de estas funciones de seguimiento y control a la contratación realizada.