En el Bajo Cauca antioqueño hay un número indeterminado de dragas y retroexcavadoras que se usan para la extracción ilegal de minerales. La destrucción de una de estas dragas, por parte de la fuerza pública, dio inicio a un paro minero en esta zona del país.
El 1 de marzo de 2023 empezaron las manifestaciones, que según el Gobierno nacional, estuvieron lideradas por el Clan del Golfo.
En medio de las protestas se presentaron actos vandálicos que afectaron la seguridad, la movilidad y el bienestar de los habitantes de los departamentos de Antioquia y Chocó.
La Unidad para las Víctimas informó que empezó acciones legales para recuperar dos predios utilizados para la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres.
Así lo informó la entidad nacional:
La inspección estuvo acompañada de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría.
En la finca Mandinga el Fondo para la Reparación de las Víctimas encontró que, “sorpresivamente”, se tramitó una licencia ambiental que nunca se le consultó, a pesar de ser el administrador del bien.
Asimismo, evidenció que se realiza minería con maquinaria pesada, no artesanal, en excavaciones profundas.
Por su parte, en la finca el Marlengo, la Unidad para la Víctimas encontró una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una amplia problemática social.
Durante su visita, el Fondo para la Reparación logró reunir a todas las autoridades implicadas y, al no contar con las competencias legales para poder frenar estas actividades, solicitó la intervención del Ministerio de Minas, de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y del Ejército Nacional para poder avanzar en la recuperación de los dos predios.
En ese sentido, le exigió a las autoridades ambientales y mineras la información de trámite de licencias ambientales en las dos fincas que hacen parte del inventario de la Unidad para las Víctimas.
Por último, la entidad nacional subrayó que le hizo un llamado a todas las autoridades competentes para entregar todos los informes sobre lo ocurrido en cada uno de los predios y participar en una mesa conjunta de seguimiento para que, como Estado, se pueda encontrar soluciones integrales en favor de las víctimas, pero también de las comunidades afectadas de Cáceres.
Es importante destacar que cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) apuntan a que el 65% de las explotaciones de oro en el país son ilícitas. La minería ilegal de oro en Colombia está envenenando los ríos y destruyendo los bosques y los ecosistemas. Según la Contraloría, cada día se sacrifican alrededor de 500 hectáreas de bosque para la realización de esta actividad.
En 2020, el país cerró con una producción oficial de 47,6 toneladas de oro, un 29,9% más que 36,67 toneladas de 2019, según información de la Agencia Nacional de Minería.