La otra razón por la que fue investigado el superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas

La Procuraduría General de la Nación no es la primera vez que investiga al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, ya que, a principios de 2023, le había pedido explicar sus actuaciones en torno a su rol de vigilancia y control de las Cajas, pues se presumía de un abuso de poder o autoridad.

Fueron cuatro puntos en los que le solicitaron a Luis Guillermo Pérez explicaciones sobre sus actuaciones a las Cajas de Compensación Familiar:

2. Cuántas Cajas de Compensación han sido intervenidas, y por qué –si se han dictado medidas cautelares– varias de estas llevan intervenidas por esa entidad y cuáles son las causales que dieron a las recientes intervenciones.

3. Por qué se han modificado varias resoluciones con el fin de modificar la lista de elegibles para los cargos de agentes interventores.

4. La Superintendencia del Subsidio Familiar ha solicitado en múltiples ocasiones, incluso en eventos públicos, que las Cajas realicen aportes para “manifestar solidaridad con la población de Buenaventura”.

Estas actuaciones por parte del ente de vigilancia podrían suponer un abuso o desviación de poder, en la medida en la que se estaría utilizando la investidura de su cargo y el poder que tiene sobre las vigiladas para fines ajenos a la Compensación Familiar.

Nombramiento irregular en la secretaría general de la SuperSubsidios

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación a un funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se trata de Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio, por el nombramiento irregular Freddy Abelardo Castro Victoria, como secretario general de la entidad, quien también será investigado.

La Procuraduría señala que Pérez desconoció el máximo de edad requerido para el cargo de secretario general y que –a pesar de ello– se habría firmado la designación de Castro Victoria, quien tiene más de 70 años contemplados en los términos de la Ley 1821 de 2016.

“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionaros de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1° del Decreto-ley 3074 de 1968″, se lee en el primer artículo de la normativa mencionada previamente.

Por esta decisión de contratación, la Procuraduría también investigará al entonces coordinador de Gestión del Talento Humano de la SuperSubsidios, Fernando Villalobos Gaitán.

La Procuraduría sustenta que, a pesar de que la coordinadora de Talento Humano de la época advirtió la situación, de igual manera se llevó a cabo la designación.

“En ese sentido, llama la atención de la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa que luego de alertar sobre esta situación, la mencionada servidora no continuó en el cargo, pues el nuevo coordinador de gestión fue posesionado cinco días después de su advertencia”, señala la decisión.

La Procuraduría les recordó a los implicados en esta designación irregular que “es responsabilidad de los titulares de las entidades públicas y sus oficinas de personal asegurar que el requisito de edad para desempeñar un cargo público se cumpla, con el fin de ser un mecanismo idóneo para garantizar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida”.

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