
En las últimas horas el senador Jota P Hernández difundió en sus redes sociales un vídeo en el que denunció un jugoso contrato que salpica al exproductor del Canal del Congreso, John Jairo Uribe y su hija y que deja varias dudas sobre si el presidente del Senado, Roy Barreras, su amigo estaría al tanto del desvío de fondos.
Uribe sería amigo íntimo de Barreras, se transportan en la misma aeronave y laboraron juntos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), durante algunos procesos políticos y electorales que se desarrollaron de la mano de los Partidos de La U y Pacto Histórico.
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Jonh Uribe estaría presuntamente implicado en un caso de corrupción que además relaciona a su hija de 22 años, Valeria Uribe, la cual estaría en cabeza del manejo de dineros del Canal del Congreso de la República.
Recuento del caso
Para entender un poco más el escenario es necesario regresar al año 2022 cuando Roy Barreras llegó a la presidencia del Senado de la República, y firmó desde la dirección del organismo de la rama legislativa el convenio 9-83 del 2022, para operar el canal del Congreso, un acuerdo por un valor de 8.000 millones de pesos que se firma de la mano de la empresa Digitex y el Senado. Es importante tener en cuenta que aparte de este convenio ya se había firmado uno con anterioridad con la misma compañía por un monto de 2.100 millones.
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Al darse inicio al proceso de contratación en el medio de comunicación John Jairo Uribe ingresó como productor, con un salario superior a ocho millones de pesos, y su hija Valeria Uribe también se vio beneficiada porque también ingresó a laborar al canal como Coordinadora administrativa con un salario de más de seis millones de pesos.
Una de las principales anomalías del proceso fue que Digitex decidió subcontratar con Valeria Uribe por la mitad del monto del contrato y dejar en manos de ella el manejo de los recursos. La entidad subcontratada tiene por nombre Espejo Público, esta se ha visto envuelta en diversos cuestionamientos, pero según Uribe esta contaría el personal y los equipos para operar el canal del Congreso.
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Espejo público
El senador Jota P Hernández adelantó una investigación sobre la entidad y encontró que la dirección que data en la Cámara de Comercio lleva a un lugar con ‘oficinas desocupadas’, ninguna persona se encuentra en el supuesto espacio público de la empresa. Otro de los ítems a tener en cuenta es que Valeria Uribe es la única accionista de Espejo Público, consolidándose así en la única persona encargada en manejar el multimillonario contrato firmado con el Canal.
De los 105 contratos del personal contratado por Digitex se estableció que en 95 de estos evidencian casos de presunta corrupción, ya que los trabajadores firmaron un contrato con un salario inferior al establecido en el convenio entre la compañía y el Senado de la República, de este presunto descuento salarial, los trabajadores no tienen conocimiento.
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Se presume que el descuento salarial entre los trabajadores suma en promedio 117 millones de pesos, si este llega hasta la fecha estipulada, se piensa que el monto hurtado estaría cerca a los 400 millones de pesos. Cabe mencionar que entre los 95 funcionarios afectados no se encuentran ni Valeria Uribe, ni su padre, ya que estos reciben el salario mensual acordado.

Espejo Público-Partido Fuerza de la Paz: conexión
Todas las páginas de Facebook que pertenecen a políticos u organizaciones políticas, o figuras públicas cuentan con un enlace web que es propiedad de dicha página o autor. Pero en la red social del Partido Político de Roy Barreras se evidencia un link directo que lleva al usuario a la empresa EspejoPúbico.co, dejando así varias dudas sobre el vínculo entre ambos.
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Otra de las novedades a destacar es que la supervisora del contrato es Maritza la Rotta, que pertenecía a la UTL de Roy Barreras. Días antes de que este se posiciona al Senado de la República los dos mencionados tanto La Rotta, como John Jairo Uribe, dejaron de laborar en su Partido e ingresaron a trabajar con el Canal del Congreso.
Es necesario destacar que el senador Jota P Hernández instauró las respectivas denuncias ante la Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría para que indaguen los presuntos delitos y las fallas respecto a los contratos que estarían amañados y se espera que a su vez se encuentre a los responsables del caso.
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