En la tarde del miércoles 29 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— citó a tres miembros de inteligencia del Ejército Nacional por haber cometido violaciones a los derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia.
De acuerdo con el tribunal de paz, el mayor (r) Oscar William Vásquez y los sargentos, también retirados, Gustavo Arévalo Moreno y Bernardo Alfonso Garzón, deben asistir a audiencia única de verdad, en la cual tienen que entregar detalles verídicos sobre las conductas cometidas durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Dichos aportes serán revisados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual determinará si esas versiones son suficientes para esclarecer lo que ocurrió en la toma y retoma. Asimismo, la JEP recordó que en enero de 2022 aceptó el sometimiento de los tres exmilitares; “sin embargo, las víctimas impusieron un recurso de apelación que condicionó su sometimiento a la JEP a que hagan aportes ‘tempranos, efectivos y relevantes’”, indicó en un pronunciamiento.
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Por el contrario, si lo declarado en los dos días de audiencia no satisface los deseos de verdad de las víctimas, sus expedientes serán devueltos a la justicia ordinaria. En el auto de la jurisdicción de paz, le dan a conocer a los comparecientes que tienen cinco días para confirmar a la Sala su voluntad de participar en esta doble jornada de diligencia y si tienen la intención de contribuir a la verdad a través de relatos que amplíen lo ya conocido en la justicia ordinaria.
La audiencia quedó citada para el 24 y 25 de mayo de 2023 y contará con la presencia de víctimas acreditadas y sus abogados defensores. En ese sentido, el tribunal de paz encabezará dos encuentros preparatorios para determinar las intervenciones que tendrán durante el encuentro.
Arias Cabrales, expulsado de la JEP
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue expulsado del tribunal de paz en una decisión conocida en la mañana del jueves 16 de marzo, pues no hizo aportes plenos a la verdad en el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia en el desarrollo de resolución de un recurso interpuesto al exalto mando.
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Arias Cabrales fungió como comandante de la Brigada XIII del Ejército y, en ese orden, lideró el desarrollo de la Operación Tricolor. Pese a su posición de mando, en los días que compareció ante el tribunal de paz negó tener responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subalternos, como desapariciones forzadas y torturas.
De hecho, en una de las diligencias realizadas el jueves 19 de enero, la familiar de una de las víctimas le formuló varias preguntas al general retirado.
Negó la existencia del paradero de trabajadores del Palacio como Norma Esguerra Forero pero aceptó tener el control de la Brigada XIII del Ejército; en ese orden, aceptó que lo mantuvo durante toda la operación. Sin embargo, cuando le preguntó si respondía afirmativamente por su jerarquía militar “y cargo por las acciones de sus subalternos”, respondió que “cada uno responde por sus acciones” y dijo que sí entregaría a sus subalternos que cometieron irregularidades de la retoma. Dichos aportes no los pudo realizar debido a su expulsión de la JEP.
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Además, esta jurisdicción detalló que en el curso del proceso, se conoció que el compareciente “negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985″.
“Arias Cabrales vulneró el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante la Jurisdicción”, dijo la instancia transicional ante el hecho de que Arias Cabrales no aportó aportes detallados sobre la retoma del Palacio.