El miércoles 29 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que aceptó el sometimiento de 23 exintegrantes de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional implicados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate, o mal llamados ‘falsos positivos’, cometidos en Ocaña (Norte de Santander), en 2008.
De la misma manera, la justicia de paz señaló que las víctimas, Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde habrían sido ejecutados extrajudicialmente por los integrantes del Ejército Nacional.
La JEP también puntualizó que nueve de los comparecientes fueron aceptados en el tribunal por hechos similares ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña. En esos actos habrían sido asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Según la resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, entre de los militares sometidos hay dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Puntualmente, los miembros de la fuerza pública incluidos en esta decisión fueron:
La justicia nacida del Acuerdo de Paz, entre el Estado colombiano y las extintas Farc, puntualizó que los casos por los cuales los exintegrantes de la fuerza pública fueron aceptados en la JEP se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Cifras de la JEP dan cuenta de más de 120 casos de ‘falsos positivos’ en la subregión del Catatumbo. Todas ellas habrían respondido a un mismo patrón criminal que tuvo dos modalidades. El primero era que las víctimas eran señaladas de pertenecer a grupos ilegales y eran seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.
La otra modalidad, según el tribunal de justicia transicional, era que miembros del Ejército Nacional se confabulaban con terceros civiles para ubicar, engañar y reclutar jóvenes de otros municipios y ciudades del país, con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo para que militares pudieran asesinarlos y engrosar las cifras de bajas en combate.
Hay que recordar que uno de los grupos engañados fue el compuesto por los 19 jóvenes del municipio de Soacha que fueron llevados hasta el Catatumbo y luego asesinados por la fuerza pública.
Ahora, el proceso judicial de los 23 exintegrantes del Ejército Nacional continuará en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, “dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso”, explicó la JEP en su comunicado del 29 de marzo.