Panamá se ha convertido en un verdadero “hub” de cigarrillos ilegales a destinos de América Latina. En el caso Colombiano, de acuerdo con Invamer, en el año 2022 el 34% de los cigarrillos que se consumieron en Colombia fueron de contrabando. Es decir, 1 de cada 3 cigarrillos que circulan en el país son ilegales porque no pagan impuestos. Los departamentos con mayor índice de consumo de cigarrillos ilegales en 2022 fueron: La Guajira (94%), Sucre (91%), Cesar (88%), Magdalena (82%) y Norte de Santander (79%).
Pero el caso colombiano es la punta del iceberg, pues se estima que es Panamá la puerta de acceso de estas cajetillas. De hecho, unos 8.000 millones de paquetes de cigarrillos ingresan al país centroamericano y por añadidura van a mercados como Ecuador, Colombia y México, afectando en gran medida al comercio legal, las finanzas de los países y las medidas sanitarias.
Este fenómeno, que si bien parecería no tener trasfondo, para algunos expertos es la respuesta al incremento en los impuestos de los cigarrillos, pues incluso la Federación Nacional de Departamentos (FND) ha destacado la correlación que existe entre el alza de los impuestos y el aumento del contrabando, lo cual, para algunas personas, abre de nuevo el dilema a un panorama aun más preocupante, pues dichas medidas no siempre resultan en una disminución en el hábito de fumar, sino en un cambio de producto legal a ilegal.
Para enfrentar la problemática, la FND, es clara en su llamado por fortalecer algunas acciones como controlar las zonas de régimen especial aduanero y frontera, así como en la necesidad de vigilar las figuras que dan celeridad dicha operación. Igualmente, destaca la importancia de crear garantías para que la gente pueda denunciar el delito; la implementación de tecnologías y medidas que hagan un llamado a la necesidad de contar con un mercado legal y el desarrollo de sistemas que permitan llevar una trazabilidad de las mercancías, entre otros.
La polémica de Panamá
La lucha contra el comercio ilícito levantó una nueva alarma en estas semanas. Esta vez en Panamá donde la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo denunció penalmente a la coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco Reina Roa, por infracción de los deberes de funcionario público en diciembre de 2022. En otras palabras, por no ejecutar acciones para enfrentar al comercio ilícito.
La acusación que fue presentada Hitler Cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, que denunció que en el sector de Calidonia, provincia de Panamá, se venden paquetes de cigarrillos sin las advertencias sanitarias ni pictogramas establecidos por las resoluciones publicadas por el MINSA, de conformidad a la Ley 13 de 2008 y el Decreto Ejecutivo 230 de 2008.
“Recibe premios como consecuencia del diseño de políticas públicas favorables a las organizaciones privadas, como Bloomberg Philanthropies”, aseguró para el diario Delfino de Costa Rica, Cigarruista.
Dicha denuncia radicada el pasado 24 de febrero por la Asociación, además, tiene como base el delito tipificado en el artículo 356 del Código Penal que establece que “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.
Por ahora, mientras se define qué sucederá y comienza a avanzar la investigación, en Panamá, 9 de cada 10 cigarrillos comercializados proceden del mercado negro, lo que posiciona a dicho país como el primero en la lista de países de Latinoamérica en donde más prospera el contrabando.