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Elecciones regionales 2023: Registraduría instalará más puntos de votación en comunidades afro e indígena

Son alrededor de 1.105 puestos de votación que garantizarán el ejercicio democrático, incluso, en las regiones más apartadas de Colombia

Hay temor de que las elecciones estén en riesgo y se repita lo ocurrido en el 2002. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

En aras de llegar a las comunidades más apartadas para garantizar el ejercicio democrático en todo el territorio, la Registraduría Nacional del Estaco Civil, anunció la instalación de más de 1.000 puntos de votación en los municipios alejados de los centros urbanos, en los que estén asentadas comunidades indígenas y afro, durante las elecciones territoriales de octubre próximo.

En concreto, “se instalarán 1.105 puestos de votación en comunidades edénicas: 687 en comunidades afro, 435 puestos en comunidades indígenas y 17 que se encuentran registrados en ambas comunidades”, de acuerdo con la directora de gestión electoral, Ludis Campo Villegas.

De esta manera, miles de personas en los departamentos de Nariño, Córdoba, Cauca, Cesar y Casanare no tendrán que desplazarse, durante horas, para acceder a su punto de votación.

Ya que, “con la instalación de estos puestos nuevos, la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizará que las comunidades edénicas, que tienen asientos en lugares apartados y dispersos del país, puedan ejercer su derecho al voto de manera fácil”.

Dicha instalación, hace parte del ‘Plan de Garantías’ que ha venido implementando la entidad de cara a los próximos comicios, que se celebraran el 29 de octubre para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales.

Y con los 1.105 puntos de votación de más el Estado intentará estar un paso más cerca de “eliminar las barreras que impiden ejercer el derecho al voto y, en particular, llegar con el servicio electoral a las comunidades étnicas que se encuentran en lugares alejados y dispersos, para dar cumplimiento al derecho fundamental de elegir y ser elegido, y el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

En conclusión, dijo la entidad, “se busca garantizar el voto de las comunidades étnicas que tienen asiento en lugares apartados del país y, que antes debían desplazarse por diferentes medios y largos periodos de tiempo para poder llegar a un puesto de votación”.

Elecciones regionales ¿En riesgo?

La Misión de Observación Electoral (MOE) secundó la advertencia de algunos gobernadores, según la cual, las elecciones regionales podrían estar en riesgo por la delicada situación de orden público en el país.

Preocupación que, según declaraciones recientes, comparten la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el Registrador Nacional, Alexander Vega y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo.

De ahí que el Gobierno convocara una subcomisión de orden público para analizar la presencia de grupos armados al margen de la ley que podrían estar poniendo en riesgo la seguridad ciudadana en el marco del ejercicio democrático.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, ratificó el llamado a instalar una Comisión de Orden Público, dando cumplimiento al requerimiento realizado por los entes ya mencionados, para abordar las dificultades que generan brotes de violencia en los territorios, y hacer seguimiento a las operaciones que se vienen adelantando en el marco de la subcomisión, con el propósito de garantizar el desarrollo de unas elecciones transparentes y seguras.

De acuerdo con los gobernadores, quienes han llamado la atención sobre este tema con mayor fuerza, la situación de orden público se ha vuelto critica, a raíz de la presión que han estado ejerciendo los grupos criminales y que se teme, incrementen la violencia en el marco de las elecciones, lo que, a su vez, alteraría el libre ejercicio de las votaciones.

“En voz de los mandatarios locales podrían ubicarnos rápidamente a situaciones tan complejas como las que ocurrían en el año 2002, como fueron la suspensión y aplazamiento de elecciones en los municipios, el constreñimiento al elector y los candidatos y la amenaza contra la vida de todos los ciudadanos”, manifestaron en la misiva el registrador, la procuradora y los gobernadores.

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