En la tarde del 14 de marzo de 2023, el Consejo de Estado admitió una demanda en contra del ministro del Interior, Alfonso Prada. Según el demandante, existen vicios en el nombramiento realizado en agosto del 2022 por el presidente Gustavo Petro.
El demandante aseguró que existen vicios en el nombramiento del ministro del Interior, pues el Congreso posesionó al presidente Gustavo Petro, “sin que se hubiere proferido una decisión por parte del juez constitucional, lo cual, en sentir del actor, invalida las actuaciones desplegadas por el legislativo, por desconocimiento de lo establecido en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992″.
El punto central de la demanda se sustenta en que el presidente Petro posesionó a Alfonso Prada mediante el decreto1666 de agosto de 2022, sin que se hubiera instalado previamente el Congreso, lo que habría transgredido el ordenamiento jurídico.
La misma solicitud había sido presentada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que desestimó la petición, ya que no resultaban claras las irregularidades en el nombramiento de Prada. En el pronunciamiento de esa corte se aseguró:
En el documento también se subrayó que más allá de atacar la legitimidad del nombramiento del ministro Prada, la demanda se enfoca en las irregularidades de la posesión del presidente de la República.
“Para alegar una supuesta expedición de acto de nombramiento por un funcionario sin competencia; no obstante, los actos administrativos de nombramiento y posesión del señor Gustavo Francisco Petro Urrego gozan de presunción de legalidad”, sostuvo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En la aceptación de la demanda, el Consejo de Estado llamó la atención del tribunal, pues “estas exigencias no pueden limitar irrazonablemente el derecho de acción, al punto de requerir erudición o una técnica rigurosa en el planteamiento de los problemas jurídicos, máxime en el marco de un medio de control de carácter público, como el de nulidad electoral”, según lo recogido por Colprensa.
También señaló que puede no exigirse una forma específica de narrar el concepto de violación, así como los cargos de nulidad, ya que el centro de la solicitud debe versar en que la demanda cuente con la suficiente claridad para describir la situación en controversia, así como facilitar el derecho de defensa.
Bajo estos argumentos, el Consejo tumbó la medida del alto tribunal e inició un proceso de investigación sobre las presuntas irregularidades en el nombramiento.
El proceso fue puesto en marcha por el abogado Harold Sua Montaña, que también demandó el nombramiento de cinco ministros del gobierno de Gustavo Petro, entre los que se encuentra el exministro Alejandro Gaviria, Irene Vélez y Cecilia López, Álvaro Leyva y Alfonso Prada.
Sua Montaña fue sancionado en 2021 por la Corte Constitucional por enviar recusaciones y nulidades, casi que de forma diaria.
La Corte dijo textualmente que el señor Sua “dejó expuesto que su actuar, carente de todo fundamento legal, fue deliberado y caprichoso y, por tanto, temerario o de mala fe”, según recogió en su momento Noticentro.