La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó con 14 crímenes de guerra a 10 exintegrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla de las Farc, por hechos ocurridos al norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca entre 1965 y 2013.
Durante ese periodo de tiempo, según la imputación, aquel grupo armado perpetró 609 tomas guerrilleras en todo el país y 288 en la subregión mencionada, empleando grupos de entre 400 y 600 guerrilleros y cilindros de gas cargados de explosivos, conocidos como ‘tatucos’, que afectaban indiscriminadamente a la población.
Aquel es el caso 05 por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el que se imputaron a los 10 exguerrilleros por crímenes como desaparición forzada, traslado forzoso de población, persecución, confinamiento, entre otros, “por realizar ataques a la población civil que produjeron una afectación sistemática al derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos y las comunidades campesinas asentadas en 17 municipios priorizados”.
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En el documento, de 688 páginas, se describe que las Farc realizaron numerosas acciones violentas que afectaron gravemente a la población civil y a bienes inmuebles, sobre todo en los municipios de Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Pradera y Florida.
De todos estos, Toribío fue el más afectado, de acuerdo con la imputación, y la explicación que dieron los comparecientes fue que esto “se presentó por diversos factores, como la necesidad de crear un corredor de movilización desde la cordillera hacia las partes planas, la importancia estratégica de la zona para las Farc teniendo en cuenta que sus campamentos se encontraban en el área, y las condiciones geográficas favorables para hacer ataques, pues el casco urbano está ubicado entre las montañas”.
El segundo municipio más afectado por los ataques de las Farc fue Caldono, en donde solo en 2013 se registraron 30 incursiones armadas, de las cuales 21 fueron dirigidas a las estaciones de Policía. “En este municipio se presentaron alteraciones muy frecuentes del orden público, producto de las incursiones de diferentes grupos armados que se disputan el control del territorio, situación que ha generado constantes escenarios de vulneración a los derechos de la población civil”, dice el informe.
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La JEP comprobó que la población de esta región, compuesta de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, fue víctima de 10 patrones violentos que empleaba la guerrilla como estrategia para ejercer el control social y territorial de la zona:
- Ataques para expulsar a las autoridades
- Asesinatos y desapariciones forzadas a indígenas, campesinos y otras personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- Desaparición forzosa de civiles considerados informantes, colaboradores o enemigos.
- Desplazamiento forzoso de Indígenas, campesinos y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina.
- Persecución de indígenas, afrodescendientes y campesinos que no aceptaran la política de control territorial y social.
- Reclutamiento o alistamiento de menores de edad, incluso niños y niñas, de la región.
- Emplear minas antipersonales como mecanismo de control territorial y social.
- Consejos de guerra en los que los guerrilleros, incluso menores de edad, eran fusilados sin garantías judiciales, desconociendo el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Algunos fueron ingresados allí solo con el objetivo de fusilarlos.
- Confinamiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina, mediante intimidación, minado de algunas áreas, “toques de queda”, entre otros.
- Afectaciones al medioambiente y a los territorios por la instalación de minas, ataques con explosivos y la invasión violenta de territorios indígenas y afrodescendientes, afectando especialmente los páramos de la región.
Los imputados por los hechos de violencia en esta zona del país fueron Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, que pertenecieron a la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis.
Por el lado de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas, los imputados fueron Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz.
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