Respecto a la difícil situación de orden público que se vive en el departamento del Caquetá por el secuestro de 78 integrantes de la Policía Nacional y demás funcionarios, así como el fallecimiento de un integrante de la institución y un campesino, se ha generado mucha controversia por cuenta de la posición que han tomado algunos funcionarios del Gobierno. del presidente Gustavo Petro.
Ejemplo de ello fueron los anuncios generados por el ministro de Interior, Alfonso Prada Gil quien le dijo a la comunidad que para el Gobierno nacional, el suceso no se trató de un secuestro, sino de un “cerco humanitario”, palabras que terminaron generando polémica y críticas por parte de los familiares de los integrantes de la institución que fueron retenimos por varias horas.
En un audio difundido el funcionario público mencionó. “Yo lo reconocí cuando insistieron mucho en que declarara si esto era un secuestro o no era un secuestro. Yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública, que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos y que esa movilización social hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”.
En relación a la controversia que se sigue generando, se conoció que las protestas no habrían tenido solo el respaldo de los campesinos, sino que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales habrían colaborado en esta situación que terminó con el secuestro de los policías que fueron liberados hasta el día siguiente tras un trato degradante.
Gracias a un informe de la inteligencia militar que se dio a conocer por RCN se reveló que las estructuras Jorge Briceño y Miller Perdomo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habrían apoyado y financiado el paro en el sector Los Pozos, en San Vicente del Caguán.
Las dos estructuras estarían comandadas por delincuentes de la región. Según el informe uno de estos sería Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien sería responsable de decenas de atentados en esa zona del país, “habría movilizado a más de 3.000 personas para sostener e intensificar los bloqueos en el sector conocido como “Los Pozos”, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá”, dice el informe de inteligencia difundido por el medio de comunicación anteriormente referenciado.
El segundo cabecilla involucrado en el apoyo al paro en el departamento del Caquetá sería Wilmer Andrés Lugo Olaya, quien según inteligencia militar, también habría movilizado gente para apoderarse de las instalaciones de la petrolera.
Se presume que los cabecillas habrían abastecido las protestas con cilindros bomba, bombas molotov y rampas para cilindros por un valor cercano a los $500 millones. Adicional a esto y gracias al informe se determinó que días previos en la zona se estaban realizando entrenamientos con movimientos tácticos y militares, practicados por uniformados de las Fuerzas Militares en Colombia y en todo el mundo.
Policía asesinado en medio de las protestas
Henry Armando Sanabria, director de la Policía Nacional, declaró como salvaje la manera como asesinaron al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto. El oficial en función aseguró que la labor del subintendente en ese hecho era la de proteger a personas atemorizadas por la arremetida de “una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo”.
Monroy era proveniente de Tunja, la capital del departamento de Boyacá, llevaba más de 14 años en la Policía Nacional y se desempeñaba como comandante de la escuadra dispositivo especializado de intervención. Se conoció que Monroy Prieto, dejó dos hijos, una niña de 9 años y un bebé de tres meses.