La muerte del subintendente de la Policía Nacional Ricardo Arley Monroy Prieto y la de un campesino, así como los hechos de violencia perpetrados por las llamadas guardias campesinas que operan en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), generaron el repudio de varios sectores productivos del país, quienes rechazaron lo sucedido.
Ejemplo de ello es que el Consejo Gremial Nacional, que reúne a 32 gremios, condenó lo sucedido y presentó sentidas condolencias a los miembros de la Policía Nacional, a los trabajadores de la compañía petrolera Emerald Energy y a sus familias, quienes resultaron víctimas de los actos violentos.
Este también ratificó su respaldo y solidaridad con los integrantes de la Policía Nacional y con la industria de hidrocarburos, la cual contribuye de manera significativa con el crecimiento económico del país y que siempre está abierta al diálogo con la población en las regiones donde opera.
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Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control que tomen las medidas pertinentes que garanticen la protección de los derechos humanos de la población afectada, reestablecer el orden público en esta zona del país y adelantar las respectivas investigaciones y procesos judiciales con los que se permita aprehender a los culpables de estos hechos criminales.
El Consejo Gremial Nacional también calificó estos hechos como atroces.
Respaldo y solidaridad
Otro gremio que se sumó a los rechazos es la Asociación Colombiana de Plásticos (Acoplásticos), la cual reúne a los sectores plástico, químico, petroquímico, caucho, pinturas, tintas y fibras.
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Además, ratificó respaldo y solidaridad a la Policía Nacional y trabajadores de la compañía petrolera afectada.
La alianza Aliadas, que reúne a 41 gremios y asociaciones empresariales, rechazó de manera rotunda los hechos de violencia presentados en San Vicente del Caguán.
Esta lamentó y se solidarizó con la familia del policía asesinado Ricardo Arley Monroy, con la Policía Nacional y le solicitó al Gobierno nacional tomar las medidas necesarias para recuperar la seguridad y la tranquilidad en esa zona del país.
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Esta anotó que la seguridad física, jurídica y nacional son pilares indispensables para el desarrollo de la democracia y el bienestar de los colombianos.
Repudio de los gobernadores
La Federación Nacional de Departamentos (FND), conformada por los 32 gobernadores del país, repudió el hecho y la infiltración de la protesta social por actores armados ilegales.
Asimismo, rechazó la acción ilegal y desbordada de la guardia campesina contra la Policía Nacional y exigió la más pronta investigación para esclarecer el asesinato del subintendente Monroy Prieto, miembro de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Escuadrón Móvil Anti Disturbio (Esmad), así como un castigo ejemplar a los responsables de este crimen, que no puede quedar en la impunidad.
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También, exigió la inmediata liberación de los miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la empresa Emerald Energy, secuestrados por la guardia campesina, como condición para continuar cualquier proceso de negociación.
Anotó que en Colombia no hay lugares vetados para la presencia de la Fuerza Pública y que el diálogo social no puede estar precedido de muertes ni destrucción, ya que eso deslegitima la protesta social y desvía al país del objetivo de la paz.
De igual forma, los gobernadores reiteraron el apoyo a la política de paz del Gobierno nacional, que no puede entenderse como una muestra de debilidad del Estado o de permisividad del uso de la violencia en dentro de la protesta social.
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De igual forma, expresaron solidaridad a los familiares del policía víctima de la intolerancia, así como del campesino muerto en estos hechos que el país lamenta y ratificaron la disposición de servicio para la paz.