Sherin Mercado, gerente del Hospital del municipio de Salamina, en Caldas, se vio en la obligación de devolver más de 23 millones de pesos a la dirección de ese centro médico tras, presuntamente, haber cobrado cheques mensuales de dinero que era destinado a pagar el salario de un médico que no estaba trabajando. El caso se hizo público luego de que la comunidad del corregimiento denunciara que en ese establecimiento no había personal médico atendiendo a la gente.
“Tras indagar, investigar y estudiar los contratos del hospital de Salamina, se encontró que habían contratado a un médico invisible por ocho millones de pesos mensuales para que atendiera urgencia en Guáimaro, sin embargo, el profesional nunca visitó dicho corregimiento”, aseguró la diputada del Magdalena, Elizabeth Molina, en una entrevista con Caracol Radio.
“Logré que no se perdiera un dinero que es de los ciudadanos. Me di cuenta que le estaban pagando ocho millones de pesos mensuales a un médico que no iba a trabajar. Hice la denuncia correspondiente y la Contraloría encontró que la gerente Sherin Mercado hizo un contrato con firma falsa y era ella misma quien cobraba el dinero en cheques”, añadió en su charla con la emisora Molina Campo.
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Es de destacar que esta problemática estaba poniendo en riesgo la vida de la comunidad, por ejemplo, en octubre del 2022, una niña de dos años de edad casi pierde la vida luego de presentar síntomas de asfixia. Cuando la familia de la menor llegó al sitio para que la menor fuera atendida, se encontraron con la noticia de que el hospital estaba clausurado y que la sala de urgencias no tenía médico.
La vida de la menor terminó siendo salvada por parte de la comunidad que, gracias a maniobras, lograron extraer el elemento que estaba interrumpiendo el paso de aire en el cuerpo de la niña.
“Según el informe de la Contraloría del departamento del Magdalena, se logró evidenciar que el médico contratado no estaba al tanto de dicho contrato, situación que dejó al descubierto que la Gerente del Hospital de Salamina es responsable de falsificar firma, de intento de apropiarse de recursos públicos y de corrupción”, añadió sobre el caso la diputada ante los micrófonos de la F.M.
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Es de destacar que para el momento, la Contraloría del Magdalena remitió la denuncia a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Ambas entidades están encargadas, ahora, de continuar la investigación para esclarecer que hay detrás de las irregularidades y conocer la identidad de los responsables.
“El Magdalena está en crisis hospitalaria; tanto los hospitales del Departamento como los que son descentralizados y les pertenecen a los municipios, están en la misma situación: asfixiados financieramente porque el gobernador Carlos Caicedo tiene guardados multimillonarios recursos que le pertenecen a los hospitales por conceptos del Sistema General de Participación, al parecer, para gastarlos en el 2023, año de campañas políticas”, dijo en octubre del 2022, Molina Campo, días por los que se conocieron los primeros detalles de la denuncia.
Exgerente de uno de los hospitales más importantes de Bogotá fue acusado de corrupción: habría intervenido en contratos por $2.500 millones
Desde la Dirección Especializada contra la Corrupción se acusó formalmente al exgerente del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, Héctor Manuel Lemus Montañez, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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Durante el proceso se estableció que el exfuncionario habría recibido dádivas para orientar cuatro procesos de contratación que superaron los 2.500 millones de pesos.
Los elementos probatorios recaudados dan respuesta de que se habría valido su condición de representante legal del centro asistencial para direccionar cuatro contratos suscritos entre 2006 y 2008, los cuales superaron en valor los 2.500 millones de pesos.
Estos contratos tenían como objetivo garantizar el fortalecimiento estructural y realizar obras complementarias en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, en Bogotá. En su momento se pactó un término de ejecución de 10 meses; sin embargo, se acreditó que el proyecto estuvo listo en el doble del tiempo previsto.
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En el curso de la investigación se identificaron posibles irregularidades en el proceso de selección del contratista y la presunta desviación de recursos públicos. También, quedó en evidencia que Lemus Montañez, al parecer, recibió dádivas que correspondieron al 10% del valor total de dos de los contratos celebrados. Los dineros que habría recibido ascendieron a 445 millones de pesos y provenían del pago de anticipos.
La juez penal de conocimiento a cargo del caso dispuso que el 15 de junio se iniciara la audiencia preparatoria de juicio oral.