En la tarde del domingo 19 de febrero no solo se conoció la auditoría hecha por la Contraloría General de la República en la que se detectaron irregularidades en la compra de un avión para la Policía Nacional por 12 millones de dólares. También fueron reveladas imágenes de la ostentosa aeronave que fue adquirida en el gobierno del expresidente Iván Duque.
El Legacy 600 fue comprado bajo el aval del Ministerio de Defensa —dirigido por Diego Molano Aponte—; incluso, se planteó la posibilidad de comprar otras dos aeronaves basadas en un plan de mejoramiento de equipos.
Este único hallazgo habría encendido las alarmas entre los delegados del ente de control, tras la adquisición de una de las tres aeronaves aprobadas por el Gobierno Duque, en el Plan Nacional de Desarrollo 2021.
No pasaron por alto, durante la auditoria, que, con los recursos utilizados en la compra del Legacy 600, se hubiera podido adquirir un avión mucho más moderno. Sin embargo, las especificaciones de los aviones que decía necesitar la Policía –al parecer– fueron alteradas.
Y es que, a pesar de que en el 2010 la Fuerza Aérea Colombiana fue designada como Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, años más tarde, en el 2016, la Policía empezó a diseñar un plan de mejoramiento de sus equipos, avalado por el Ministerio de Defensa, tras una revisión, en el que se contemplaba la compra de 3 aeronaves.
El proceso de compra, según indicaron fuentes de la Policía en entrevista para El Tiempo, se realizó en compañía de la Contraloría. En mesas técnicas se decidió entregar la responsabilidad contractual a la CIAC, entidad que ya ha realizado compras similares en el pasado.
“Se eligió la CIAC porque ya ha realizado contratos permanentes con la Policía, tiene una gran experiencia y reconocimiento y conoce el mercado. Y además hace parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), reveló la fuente de la Policía.
La decisión fue adoptada en un comité de orientación, en el que 10 generales de la Policía acordaron ceder la responsabilidad de la compra a la Corporación; ya que la Agencia de Contratación de la Fuerza Aérea (Acofa) no podía intervenir a favor de la Policía, así que no era una opción.
“La CIAC tiene mucha experiencia en procesos contractuales y asumen la responsabilidad de la contratación. En todo momento del proceso se cumplió con la ley de contratación”, insistió la fuente para el medio citado.
Antes de decidirse por el Legacy 600, se habrían realizado numerosas visitas técnicas en las que se pusieron en una balanza las necesidades de la Institución y las capacidades de esta y otras aeronaves, ajustándose más las del Legacy 600, cuyo precio, no solo estaría justificado en el año de fabricación:
“No es cierto que se hayan comprado a mayor precio un avión más viejo, en aviación hay que tener en cuenta temas como el mantenimiento de la nave y el valor de sus componentes. Además, temas de seguridad y servicios de las aeronaves”, explicó.
En el mercado, los Legacy pueden llegar a ser vendidos hasta en 14 millones de dólares, pero, el que está en Colombia, para uso de la policía Nacional, fue adquirido en poco más de 12 millones.
“La aeronave está en proceso de entrega y no se ha empezado a usar ni se han probado sus capacidades. ¿Cómo pueden hablar de detrimento cuando ni siquiera han permitido que se empiece a usar?”, cuestionó la fuente de la Policía.
Sin embargo, el modelo por el que se decidieron y el precio en el que se ultimó la compra no dejan de ser señales que generan sospechas entre los auditores delegados por el ente de control; mismos que, dependiendo de cómo avance el proceso de verificación, podrían iniciar indagaciones e, incluso, una investigación formal en contra de la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), sumándose a un largo historial de escándalos en la compra de aviones durante la administración Duque.