
Tras escuchar a la defensa de la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, la jueza del caso decidió aplazar nuevamente la diligencia y solo hasta el lunes 20 de febrero de 2023 se sabrá si la funcionaria deberá o no pagar casa por cárcel.
La secretaria de Educación es señalada por presunta corrupción. Ella junto a la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil; y Henry Gómez, exrepresentante de corporación Colombia Avanza, son señalados por supuestas irregularidades en dos contratos relacionados con el PAE y el programa Buen Comienzo.
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Tres días duró la última audiencia, en la que finalmente se escucharon los argumentos de la defensa, que insiste en que Alexandra Agudelo no es responsable de ningún acto de corrupción.
Es de recordar que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría, solicitaron a la jueza del caso que se dicte medida de casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín y los otros dos señalados. Lo anterior, apoyados en los audios de varias llamadas interceptadas en las que trabajadores de Colombia Avanza hablan de supuesta destrucción de pruebas.
Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, aseguró que no existen elementos suficientes para establecer la medida de aseguramiento contra la secretaria.
De acuerdo con el defensor de Alexandra Agudelo, en los contratos por los que se señala a la funcionaria no hay ninguna irregularidad. Así mismo, aseguró que los audios presentados por la Fiscalía no tienen relación con la secretaria.
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La jueza finalmente decidió aplazar la audiencia para revisar con detenimiento las pruebas aportadas en el proceso.
“Yo también debo encargarme de los temas constitucionales del juzgado y revisar estos elementos que dan traslado las partes para poder tomar la decisión”, dijo la togada.
Se definió que la audiencia se retomará el lunes 20 de febrero a las 2:30 p. m., durante esa diligencia finalmente se definirá si la secretaria de Educación de Medellín irá a casa por cárcel.
La Procuraduría se unió a la Fiscalía en la petición de prisión domiciliaria
La Procuraduría manifestó que los tres imputados habrían llegado a acuerdos para que Colombia Avanza se quedara con dos contratos de la Secretaría de Educación de Medellín. Por lo anterior, solicitó la medida de aseguramiento para Agudelo y Lina María Gil.
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“Son líneas que dan a entender que, en efecto, hubo una flexibilización que lleva a la ubicación de los tipos penales que fueron imputados”, dijo Beatriz Mejía, procuradora delegada del Ministerio Público, en días pasados.
En cuanto a Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, el Ministerio Público solicitó medida no privativa, ya que el material probatorio en su contra no sería suficiente y de hallar su culpabilidad, esta no tendría la misma gravedad al no figurar como un funcionario del Estado.
“Sí hay elementos pendientes de ser recolectados y hay un nivel de pronóstico de que al parecer de Colombia Avanza tendrían esta documentación y surge el riesgo de que esta información no llegue a su destino para que la Fiscalía haga ese análisis”, dijo Mejía.
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Es de recordar que algunos de los audios presentados recientemente por la Fiscalía, son llamadas entre miembros de la corporación Colombia Avanza aparentemente. Uno de ellos fue identificado como Carlos Mario Henao y la otra persona como Astrid.
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