Por medio de la sentencia T-407 A-22, que se hizo pública el jueves 16 de febrero, la Corte Constitucional exhortó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que adelanten con celeridad los procesos relacionados con el saneamiento y la adjudicación de bienes que han sido objeto de extinción de dominio por parte de las autoridades.
La decisión la tomó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas al estudiar una acción de cumplimiento que presentó la Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de la Altillanura en contra de la ANT, para que continúe con el proceso de adjudicación de las tierras que vienen ocupando desde 2004 en los predios San Luis, Los Ángeles y Luz Mar del municipio de Puerto López (Meta).
De acuerdo con la Sala Octava de Revisión, le correspondía al Incoder y a la ANT impulsar el proceso de adjudicación de los predios, “una vez recibidas las solicitudes de los accionantes que fueron presentadas en 2011, 2016 y 2018, en las cuales se pidió acompañamiento e información sobre los trámites de adjudicación de los predios”.
PUBLICIDAD
En ese sentido, la Corte Constitucional encontró procedente la acción de tutela para valorar la vulneración de los derechos al debido proceso administrativo y al acceso progresivo a las tierras, “por la omisión de autoridades administrativas de dar inicio e impulso a un proceso de clarificación”.
En su decisión, el alto tribunal explicó que tanto Incoder como la ANT vulneraron estos derechos. “Pese a las diferentes solicitudes de los miembros de la asociación accionante reclamando la adjudicación de predios, las instituciones no hicieron un acompañamiento efectivo ni impulsaron los procesos agrarios correspondientes”, indicó la Corte.
El fallo del magistrado José Fernando Reyes le otorgó tres meses a la ANT para que se reúna con la asociación Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de la Altillanura, con el fin de ofrecerle información suficiente, pertinente y necesaria sobre sus pretensiones y, luego de ello, ”impulsar los trámites correspondientes. Lo anterior no implica que los bienes reclamados sean adjudicados a dicha sociedad, pues esa determinación estará en cabeza de la autoridad agraria”.
PUBLICIDAD
Finalmente, la Corte Constitucional le hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus funciones, asesore a los accionantes en los diferentes trámites que deban adelantar ante las entidades nacionales.
El periódico El Espectador reveló que la SAE tendría disponibles 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado para su restitución. De acuerdo con la investigación del medio de comunicación, de ese total, 33.039 hectáreas cumplen con las características para que beneficien a las víctimas del conflicto armado o aporten a la reforma agraria a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Daniel Rojas, director de la SAE, ha manifestado que el propósito de entregar estas tierras es avanzar con la reforma agraria del actual Gobierno nacional y dárselas a los más vulnerables. “La idea es que las familias campesinas, los afectados por la ola invernal y todos los que han sido excluidos puedan tener el derecho al acceso de la tierra”.
PUBLICIDAD
Desde la ANT, por su parte, han manifestado que el proceso de entrega de tierras es lento. “Vale la pena insistir en que primero se debe surtir una serie de actuaciones previas por parte de la SAE, así como por parte de la ANT, con el fin de hacer efectiva la transferencia de aquellos bienes inmuebles rurales que sirvan para los propósitos e intereses misionales de la agencia”.