Horas antes de que el presidente de la República saliera al balcón de la Casa de Nariño a dar un discurso a sus seguidores en pro de las reformas que se han presentado y se pretenden presentar en los próximos días, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le presentó el borrador del proyecto de ley de sometimiento que como su nombre lo indica buscará que miembros de grupos armados lleguen a un acuerdo con el Estado y paguen por sus delitos.
De acuerdo al pronunciamiento que hizo el jefe de cartera, esta propuesta, que fue discutida de forma amplia, de acuerdo con la W Radio, con varios expertos en el tema como: el penalista Mauricio Pava, el exfiscal Jorge Perdomo, el exministro de Justicia Yesid Reyes, el abogado español Enrique Santiago, que asesoró a las FARC en las negociaciones de La Habana; los congresistas Roy Barreras, Iván Cepeda, Alirio Uribe y Ariel Ávila y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda; puede crear polémica para el sector de oposición debido a que ofrece reducción de penas, dejarle un porcentaje de las propiedades que poseen a los miembros de grupos armados, está planteada desde una visión transicional y demás.
Además, que el anunció se dio dos días después de que el abogado Álex Morales notificara su renuncia como facilitador de paz, argumentando desacuerdos con el alto comisionado para la paz, “ha sido indiferente a los derechos de petición que se le envían”, así como a las actas realizadas en las reuniones sostenidas con distintos actores armados y las propuestas hechas por organizaciones civiles.
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En este sentido, los temas fuertes de esta nuevo proyecto, que también, se salió a defender en las calles pese a que no se sabe su contenido, son como, el mismo Osuna lo mencionó: desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto; cárcel efectiva para estas personas, menos tiempo de privación efectiva, pero con privación de libertad en la cárcel; justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas; entrega de los bienes y desmantelación de las organizaciones delictivas.
El último punto es uno de los más controvertidos, pues aún se debate si se debería dejarle a los criminales el 10% de sus propiedades o el 6%; cabe resaltar que la mayoría de las propiedades adquiridas por los hombres y mujeres de estos grupos son con dinero del narcotráfico, negocios ilícitos y del conflicto armado interno.
Por ahora, el presidente no se ha referido a la ley ni se sabe si se le harán modificaciones antes de entregársela al Congreso de la República, donde se tendrá una discusión. Esta ley sería columna vertebral del proyecto de Paz Total que ha sido impulsado por el Gobierno desde sus inicios.
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Por ahora, mientras se hace el debido trámite, se continúa con la implementación del cese al fuego entre el Gobierno del Pacto Histórico y algunos grupos armados como: el Clan del Golfo, La Oficina de Envigado, Los Pachenca, entre otros. Es iniciativa ha sido confusa, incluso, para las fuerzas armadas que en reiteradas ocasiones le han pedido a la administración que sean específicos con los protocolos.
Por otro lado, se ha hablado de una disminución de la violencia en algunos territorios, pero a su vez del incumplimiento de los acuerdos por parte de estos actores armados que han quedado en evidencia en las redes sociales, donde en algunas zonas, patrullan las calles.