El despacho del personero Julián Enrique Pinilla Malagón revocó la inhabilidad –por 12 años– que la Personería de Bogotá dictaminó, en primera instancia (2018), en contra de la exalcaldesa de Fontibón Johanna Paola Bocanegra, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa.
En su momento, la exfuncionaria fue sancionada por presuntas irregularidades en contratación, por un acuerdo de $9.594 millones con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), para intervenir la malla vial, el espacio público, la interventoría y el mobiliario de la sede de la alcaldía, en la localidad número nueve (Fontibón).
A raíz de un proceso licitatorio, iniciado el 29 de noviembre del 2016, con el que se adjudicaría el contrato de la obra, se despertaron sospechas ya que, en el pliego de condiciones definitivas, se incluyó un formulario “de propuesta técnica y económica que no correspondía con el estudio de mercado ni con el anexo técnico del pliego de condiciones”, referenció la Personería.
Tiempo después, en diciembre del mismo año, intentó subsanar dichas inconsistencias con una resolución, pero los inconvenientes persistieron y no le quedó de otra que revocar la licencia de la apertura de la licitación “por $8.119 millones”, corroborando que, en definitiva, se improvisó durante el proceso.
Sin embargo, el 28 de diciembre, suscribió un contrato interadministrativo con Fonade, por el valor anteriormente mencionado e incluyó el pago “de una cuota de gerencia del 10% correspondiente a $954 millones, sin que en los estudios previos se hiciera el análisis de la necesidad y conveniencia de contratar una gerencia del proyecto”.
Dilatación del Proceso
En el reporte, publicado por la Personería, se reveló que, aunque la mandataria fue citada a descargos en diciembre del 2018, a lo largo de ese año fue citada en 31 ocasiones, de las que:
“no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces ni la mandataria ni abogados asistieron y en 8 citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en 2 de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral”.
A la investigación llegaron varios videos en los que ciudadanos captaron a la exmandataria dando discursos en la plaza pública, en un par de eventos que se desarrollaron durante dos de los días en los que Bocanegra había sido citada a audiencia, pero no asistió, porque, supuestamente, no tenía voz.
Pero eso no es todo, durante el proceso: “tuvo 5 abogados, presentó 4 nulidades, una recusación, una acción de tutela y diversas solicitudes a la Procuraduría que retrasaron un buen tiempo el avance del proceso, incluso una vez fallado en primera instancia”.
Segunda instancia
En segunda instancia, apoyándose en la resolución 691 del 23 de diciembre de 2021, el personero Pinilla descartó que hubiera irregularidades en materia de contratación pública, por lo que, sumado a que no hubo un detrimento de los recursos públicos de la localidad, revocó la inhabilidad de la exfuncionaria, a 4 años y dos meses de haber entrado en rigor.
Lo anterior, según el Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), sin notificar el fallo a los medios de comunicación. Y es que, en sus primeros dos años en el cargo, Pinilla solo ha aplicado 35 sanciones a funcionarios distritales “en 8 de ellas confirmando absoluciones, 16 revocando sanciones de primera instancia y sólo 10 sanciones a exfuncionarios”. Mientras que, en el mismo periodo, pero en años anteriores, la entidad sancionó a 96 funcionarios. Tres veces más de los que han sido disciplinados entre el 2022 y 2023.