El 13 de febrero iniciará el segundo ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional —ELN—. Ambas delegaciones llegan en medio de la incertidumbre por la viabilidad en concretar un cese al fuego bilateral, entre otros acuerdos. Sin embargo, fuera de estas negociaciones la guerrilla ha mostrado una postura crítica frente a varios elementos de la administración actual.
Justamente, uno de esos reparos está centrado en la política de Paz Total. A través de un pronunciamiento titulado “Paz y perdón total”, esta guerrilla cuestionó el papel del hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, en la consolidación de esa propuesta que nació en campaña y “casualmente”, según este grupo ilegal, de unas visitas que este realizó a la cárcel La Picota.
Sobre esto, el ELN aseveró que, “En la campaña para las elecciones presidenciales la tolda petrista negó las teorías que les endilgaban un acuerdo de votos por Perdón Social; sin embargo, las noticias recientes de narcotraficantes pagando cupos por encima del millón de dólares para entrar a la Paz Total”. Según la guerrilla, esos ofrecimientos de dinero reviven las especulaciones sobre irregularidades en esta apuesta que, la estaría debilitando.
De paso, cuestionó duramente a Juan Fernando Petro y el poder que le habría dado el jefe de Estado para involucrarse en la iniciativa de pacificación nacional: “¿los narcos y corruptos hicieron acuerdos de inframundo con el hermano del Presidente?, ¿es Juan Fernando un emisario secreto del Gobierno para asuntos de la Paz Total?” Preguntó el ELN.
Ahora, si bien no hay evidencia clara que demuestre un pago de coimas por parte de narcos a emisarios del Gobierno para acceder a la Paz Total y recibir beneficios jurídicos, los supuestos ofrecimientos fueron asimilados con otros procesos que terminaron en procesos por parapolítica y permitieron hechos como la llegada de Salvatore Mancuso al Congreso de la República.
“(...) Este hecho deja elementos para interrogar, uno de ellos son las similitudes entre la Paz Total y el Pacto de Ralito, a través del cual el Gobierno de Uribe (2002-2010), intentó darle estatus político a los narcoparamilitares, en donde también se colaron grandes capos del narcotráfico, entonces”, volvió a interrogar la estructura guerrillera.
Este pronunciamiento se suma a los trinos publicados por Antonio García, primer comandante del ELN, sobre los diálogos de paz y el tratamiento que la administración Petro le ha dado a esa estructura para instalar una mesa de diálogos.
Beltrán afirmó que la política de Paz Total es en realidad una cortina de humo del Gobierno para hacer “otros negocios”. Más allá de ese mensaje, lo cierto es que desde el inicio de los diálogos ha rechazado que el Gobierno Petro considere a este grupo insurgente como delincuencial y no como uno de origen político, igualándolo en ese orden con otras estructuras como el Clan del Golfo, Los Pachenca o las mismas disidencias de las extintas Farc.
“Si el ELN sigue siendo considerado GAO —Grupos Armados Organizados—, quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea no despegamos como debería ser”, sentenció Pablo Beltrán en Twitter.
Dicho pronunciamiento no cayó bien en la delegación del Gobierno, que respondió en menos de un día. Otty Patiño aclaró que la Paz Total ha implicado el tratamiento diferencial a los grupos armados ilegales y le salió al paso a Beltrán diciendo que, desde un principio, el ELN ha tenido tratamiento político.
Ahora, con respecto al llamado de Juan Fernando Petro por parte de la Fiscalía, su defensa afirmó que se ha utilizado su nombre “para propósitos diferentes al ejercicio que él viene desarrollando y es así como hemos solicitado la investigación dentro de las labores que realizamos en derechos humanos”, como le indicó a Caracol Radio el martes 7 de febrero.