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Ministro de Defensa anuncia posible zona de concentración para grupos que se acogieron al cese al fuego bilateral

Iván Velásquez explicó que no se tratará de un espacio de distensión, debido a que las Fuerzas Militares deben continuar sus labores de protección a la población civil

Ministro de Defensa anuncia posible zona de concentración para grupos que se acogieron al cese al fuego bilateral. (REUTERS/Luisa González)

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló este lunes 30 de enero acerca de la situación del cese al fuego bilateral acordado con cuatro grupos armados en el territorio nacional. El jefe de cartera indicó que se está discutiendo una posible área para la concentración de las organizaciones ilegales que se acogieron a la Paz Total.

Durante la rueda de prensa, al funcionario del Gobierno se le cuestionó por una posible zona de concentración para los grupos armados, a lo que respondió que ya se adelantó una “georeferenciación con la ubicación de las estructuras”. Seguido a ello, expuso que para las Fuerzas Militares ese espacio resultaría importante no solo para que el cese bilateral funcione, sino también porque “puede ser de protección” ante enfrentamientos entre distintos grupos armados.

Las reglas del cese bilateral

El 31 de diciembre el Gobierno nacional firmó un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Farc, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. Sin embargo, autoridades como la Defensoría del Pueblo han notificado una serie de acciones violentas que incluyen a algunas de estas organizaciones.

“El cese al fuego bilateral debe estar condicionado al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el Gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el 25 de enero. Para el funcionario es importante que haya unos lineamientos para definir qué acciones podrían ser calificadas como una violación a los decretos.

Al respecto, Iván Velásquez manifestó que los “protocolos que tienen carácter de reserva”, pero destacó que durante su elaboración han participado los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio de Defensa y los intermediarios de las organizaciones ilegales que se acogieron a la iniciativa de la Paz Total. “En virtud de esos protocolos (...) estamos impartiendo instrucciones específicas”, agregó.

El ministro resaltó que la situación del cese al fuego bilateral es una de las prioridades del Gobierno nacional, por lo que es un tema que siempre se habla durante los consejos de seguridad que se realizan en la Casa de Nariño cada lunes. “Siempre es uno de los puntos que tocamos: cuál es la situación, cómo ha sido la actividad de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó el funcionario.

Los mecanismos de verificación

En los decretos del cese al fuego bilateral se estableció que habría un mecanismo de verificación de las acciones tanto del Gobierno nacional como de las organizaciones criminales. Aunque esa veeduría todavía no estaría funcionando del todo.

Velásquez confirmó que “el mecanismo de verificación con el EMC ya está”, mientras que con las demás grupos “está en conformación”. Para el jefe de cartera, eso no significa que no se ejecute un seguimiento de los incidentes reportados, pues se transmiten de manera inmediata al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Cuando se presenta un hecho de esta naturaleza (...) recibimos explicaciones de parte de la organización específica”, añadió.

En el caso del Estado Mayor Central existe una directiva general con los puntos que establecieron como “no negociables” en las actividades que desarrollan las fuerzas armadas. “La suspensión de operaciones ofensivas no implica, como dicen los decretos, el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales”, explicó el ministro de Defensa, por lo que es una prioridad de garantizar la protección de la población civil.

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