Ocho congresistas de la República radicaron una demanda de nulidad contra la licencia ambiental que fue entregada por la Corporación Autónoma de Santander (CAS) a la multinacional Colcco. “Con esto esperamos respaldar jurídicamente a las comunidades que luchan para evitar este proyecto que destruye el territorio”, dijo Cristian Avendaño uno de los ponentes.
El contrato que demandan es el 082 que le permite a la minera Colcco desarrollar el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto y por socavón, en los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander y el cual está fiscalizado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Los congresistas aseguraron, en su demanda, que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no se establecen las áreas de intervención efectiva para la explotación bajo tierra, no se allegó documento referente a la compensación forestal, no se evidenció la información correspondiente a las áreas de intervención efectivas, en el tema de residuos no se incluye el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, entre otras quejas.
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Este pedido de nulidad, al proyecto que impulsa Colcco en Santander, se suma a las declaraciones realizadas por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el 25 de enero.
Y después agregó, “No hay claridad de la medición de los impactos y, por lo tanto, no hay claridad en la licencia de cómo se controlarían esos impactos es como el tema más fundamental de una licencia ambiental y vemos que no está bien desarrollado ni soportado técnicamente”.
Una de las quejas en las que más hicieron énfasis los congresistas denunciantes fue que la CAS no tuvo en cuenta el debido proceso administrativo “lo que ocasionó que, contrario a la normatividad y violando el principio de participación, en múltiples ocasiones se permitiera a la empresa para que posteriormente a la audiencia pública allegara información que no fue socializada con la comunidad”, se lee en la denuncia que se instauró ante el Tribunal Administrativo de Santander.
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Sobre la empresa Colcco, los congresistas señalan que, “no allegó la información relacionada con la metodología que implementará para la identificación de riesgos y vulnerabilidad en el marco del desarrollo y ejecución del proyecto dentro del plan de contingencias o plan de gestión del riesgo del proyecto”.
Durante todo el proceso de la adjudicación de la licencia ambiental, las comunidades de los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí, han realizado diferentes acciones sociales para rechazar la operación de Colcco en su territorio, para los congresistas que se oponen a la explotación de carbón en Santander:
En un comunicado del 14 de enero de 2023, el Movimiento Nacional Ambiental señaló que el proceso se desarrolló en condiciones irregulares, “desconociendo los argumentos de las comunidades y autoridades locales en torno a los problemas ambientales que esta explotación podría generar en la región”.
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Según explicó el movimiento ambiental, el área afectada por el proyecto es, de alrededor de, 2.000 hectáreas, y está ubicada en el Distrito de Manejo Integrado del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes.
En sus protestas han exigido que se priorice la vida, el agua y la producción agropecuaria por encima de un proyecto carbonífero que profundiza el extractivismo, y que no traerá beneficios a sus pobladores. El Movimiento Nacional Ambiental concluyó: “Este proyecto va en contra del llamado a la transición energética justa propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro”.