
La Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela, cuya creación anunció el dictador Nicolás Maduro, fue instalada ayer por su presidente, el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con el objetivo de convertir el sistema judicial del país “en un modelo para el mundo”. “En el día de hoy hemos instalado la comisión a nivel nacional”, afirmó Cabello en una declaración a las puertas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que explicó que han “organizado el país en seis regiones con un coordinador” en cada una.
Maduro anunció la semana pasada la iniciativa para hacer una “revolución judicial” en un lapso de 60 días: “Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón”.
La Justicia, adicta al régimen, se ha transformado en una de las herramientas preferidas para perseguir y encarcelar opositores. Además, la dictadura recurrió a la Corte Suprema para legislar en varias oportunidades, con el objetivo de despojar de poder al legítimo Parlamento liderado por Juan Guaidó.
Pero quizás lo más llamativo de esta iniciativa para revolucionar la Justicia y transformarla en un “modelo” es la elección de su presidente… Es que si bien Disodado Cabello es uno de los hombres más importantes de la dictadura chavista, también es uno de los más polémicos.
El vicepresidente del partido de Gobierno y líder de la Asamblea Constituyente es blanco de las sanciones estadounidenses por diversos delitos transnacionales.
En 2018, días antes de la fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos incluyó a Cabello en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. Según Washington, el número dos del chavismo realiza esas actividades en conjunto con Nicolás Maduro y el Ministro de Petróleo Tareck el Aissami, quien al mismo tiempo es señalado por sus vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah.

Poco más de un año después, en agosto de 2019, Suiza también aplicó sanciones contra la cúpula chavista. Y entre ellos también fue incluido Cabello por estar “involucrado en socavamiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política venezolana”.
Desde su programa en la televisión pública venezolana, Con el mazo dando, amenaza a periodistas y diputados por igual, y desde la pantalla también suele adelantar las sentencias de la Justicia chavista.
“Vamos a actuar en todo el sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo para el país y para el mundo”, declaró Cabello, quien adelantó que intervendrá todo: la Fiscalía, los ministerios de Prisiones e Interior, la Defensoría del Pueblo, la AN, los gobernadores regionales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Pero Cabello no estará solo al frente de esta Comisión interventora de la justicia, Maduro nombró a su esposa, Cilia Flores como ladera del cuestionado chavista. Su nombramiento es tan polémico como el de Cabello, ya que la primera dama también está señalada por la comunidad internacional como parte responsable de los atropellos a la democracia.
La ex Procuradora General de la Nación durante la última presidencia de Hugo Chávez, que también está en la lista negra norteamericana, fue diputada e incluso integró la fraudulenta asamblea que el régimen instaló en paralelo al Parlamento para quitarle poder a la oposición.
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