La Fiscalía de la Nación presentó esta tarde una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ante la Mesa de Partes del Congreso de la República. La medida alcanza también a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
En el escrito presentado por la fiscal Patricia Benavides, Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Sobre el primer caso se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó S/ 30 mil soles al presidente como compensación por hacerle caso.
Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samir Abudayeh, cuya compañía es Heaven Petroleum Operators (HPO). El jugoso monto de US$ 47 millones por 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú, hizo que el gerente de la petrolera nacional y el empresario se reúnan previo contrato en el Palacio de Gobierno.
Estos actos llevados en la ‘Casa de Pizarro’, significarían para la Fiscalía tres delitos: organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado.
Caso Puente Tarata III
La hipótesis alega que el presidente Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.
¿Cómo se beneficiaría Juan Silva? Según el documento presentado por la fiscal, el mismo exministro sostuvo que él recibiría una coima equivalente al 0.5% del total del proyecto y es por esa razón que se debía de cumplir con lo planeado y adjudicar la obra a Villaverde y Meneses.
“Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata III, los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la organización serían 100 mil para Villaverde García, 100 mil soles para Fray Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente Pedro Castillo y él (Silva Villegas). En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100 mil soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito”, sostiene la resolución de Patricia Benavides.
Arremetió contra Benavides
Pedro Castillo criticó a la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta de Twitter al indicar que un grupo de fiscales ingresaron a la vivienda de su hermana en el distrito de San Juan de Lurigancho donde también se encontraba su madre y calificó dicho acto como abusivo que “ha afectado a su salud”.
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en Twitter.
De acuerdo a la información de RPP Noticias, la vivienda intervenida es la que se encuentra en San Juan de Lurigancho, donde se ha ordenado el descerraje y la incautación de aparatos electrónicos, celulares y cualquier material que se halle dentro del lugar.
Precisamente, esta situación habría causado mucha molestia en el mandatario, quien no dudó en culpar a la Fiscalía de lo que le pudiera pasar a su madre.
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