La justicia ambiental caerá sobre Delcy y Maduro

Muchas personas se preguntan por qué la Amazonía es un territorio importante para nuestra región. Esta selva tropical provee humedad a toda Sudamérica, contribuye con la lucha climática del mundo y congrega quizás la más grande biodiversidad del planeta. El espacio geográfico que arropa a Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, es también el hogar de numerosas comunidades indígenas y es una de las más grandes fuentes de agua, además es un hábitat para cientos de especies.

El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, ha venido levantando las banderas de la defensa de la Amazonía frente a múltiples desafíos que actualmente azotan a este pulmón vegetal. La minería ilegal, el crecimiento de la ganadería, el repunte de la deforestación y la proliferación del crimen organizado son solo algunos de los elementos que entran en juego en un proceso de devastación sin precedentes por el que atraviesa este pedazo de tierra.

Un grupo de periodistas de Brasil, Colombia y Venezuela desarrollaron recientemente una interesante investigación sobre la Amazonía, en el marco de la Cumbre convocada por el gobierno de Brasil para abordar la crisis selvática. Los periodistas hicieron una radiografía completa del panorama que enfrenta esta región, haciendo énfasis en el auge del crimen organizado como un factor de peso en el impacto ambiental de estos últimos años. La investigación conocida como Amazon Underworld determinó que un 70% del territorio de los ocho países que conforman la Amazonía está infiltrado por grupos criminales, lo cual posee implicaciones en el deterioro de las formas de vida de los pueblos indígenas, en la deforestación por la minería ilegal y en el espiral de violencia que se suscita. El crimen trasnacional se vale de las fronteras porosas de, así como de sus caudalosos ríos, para maximizar sus dividendos por medio del tráfico de drogas y el comercio ilícito de minerales.

Una de las alertas que emanan de este trabajo periodístico obedece precisamente al plano institucional, pues la dinámica de crimen organizado y deterioro ambiental también está haciendo mella en algunas instituciones de carácter gubernamental. La corrupción de funcionarios militares en la zona está documentada, no solo en el lado venezolano, sino también en países como Brasil, donde agentes de seguridad proveen protección a los mineros a cambio de gramos de oro. De manera que toda esta ecuación extracción de minerales, crimen organizado y destrucción ambiental está tienen efectos múltiples que van más allá de lo que se percibe a simple vista.

En la cumbre de la Amazonía que convocó Brasil recientemente estos debieron ser los temas a tratar. La prioridad debió ser la construcción de un mapa de cooperación entre los países amazónicos con miras a proteger, salvaguardar y purificar la selva tropical. Sin embargo, la región nuevamente se desvió hacia discusiones estériles de carácter ideológico en el mejor de los casos, o a diagnósticos carentes de lógica en el peor de los casos. Algunos países se limitaron a hacer solo una valoración de las consecuencias del fenómeno, en lugar de mirar el fondo del armario. Una vez más la discusión no fue a la yugular del problema; y, por tanto, los resultados de la cumbre fueron por lo menos insuficientes.

A la cumbre asistió la representante del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, quien en un acto de cinismo desmedido se lavó las manos como Pilatos y responsabilizó a la OTAN de la crisis ambiental en la Amazonía y llamó a crear una institucionalidad en la defensa de esta. Hay que tener estómago para escuchar la ráfaga de mentiras de esta señora, cualquiera diría que es producto de una persona que carece de juicio y cuyo cerebro se desvive en alucinaciones, pero no…Es el burdo cinismo de un régimen que siempre mira la paja en el ojo ajeno, que intenta escapar por la tangente cuando tiene la realidad en frente.

La única verdad que existe es que Maduro es uno de los causantes de la destrucción amazónica al provocar la llamada fiebre del oro, donde grupos armados se han adueñado del Arco Minero del Orinoco y están causando en el corazón de la Amazonía el mayor ecocidio del planeta por medio de la minería ilegal. Grupos irregulares como el ELN y las disidencias de las FARC, acompañados por bandas delictivas, someten a la población civil a prácticas de esclavitud humana, propagando la violencia en la zona, así como enfermedades casi erradicadas en este lado del mundo como la malaria. Pero eso no es todo, la explotación de oro ha causado un severo daño sobre al ecosistema de la región. Entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140 000 hectáreas (346 000 acres) de bosque primario en la Amazonía venezolana, según el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina.

Es una lástima que ante tanta evidencia y ante la voz de miles de víctimas, la región no haya exigido al régimen de Maduro rendir cuentas por su alianza con grupos armados en detrimento de la Amazonía. Tampoco se haya llamado la atención sobre las implicaciones del tráfico de oro venezolano en la estabilidad y seguridad de las fronteras amazónicas.

Sin embargo, no todo está perdido. La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de crear un tribunal internacional para velar por los derechos de la Amazonía puede representar una oportunidad inmejorable para que la dictadura venezolana responda por el mayor ecocidio del planeta. La justicia ambiental puede significar un nuevo marco de lucha de la comunidad internacional con miras a presionar por un cambio democrático en el país, y, en simultaneo, garantizar los derechos de la tierra, así como una lucha sin tregua contra el crimen organizado. Vale la pena recordar que Europa en su momento se activó la jurisdicción ambiental para procesar los crímenes de la FARC contra el ecosistema, lo mismo podría pasar con el régimen de Maduro.

Sudamérica y los gobiernos que conforman la Amazonía solo pueden horrar sus palabras sí alzan la voz y condenan la destrucción del ambiente en todos lados, sin mirar colores políticos. La crisis ambiental y de DDHH que ha generado Maduro en la Amazonía venezolana no puede taparse con un dedo, no puede esconderse debajo de la alfombra. No es un tema de izquierda o derecha, es un tema del planeta, de vidas humanas, pero también de la biodiversidad. De las fuentes de recursos naturales. En fin, del futuro económico, social y cultural de esta parte del mundo. Permitir que se siga propiciando un ecocidio en Venezuela, mientras cada quien apaga literalmente el fuego en casa, pondrá en peligro no solo las posibilidades de superar el subdesarrollo, sino la supervivencia climática de América Latina.

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