Nicolás Maduro (AFP)
Nicolás Maduro (AFP)

Siguiendo la terminología expuesta por Andrés Malamud y Marsteintredet, el último domingo estuvimos nuevamente frente a un golpe de Estado, golpe “con adjetivos” perpetrado por Nicolás Maduro.

Definido por los autores como “Si el perpetrador es un agente estatal y la destitución es ilegal, pero el blanco no es el jefe de Estado, presenciamos lo que se llama autogolpe. Esta palabra es engañosa, porque se refiere a un golpe que no es dirigido contra uno mismo, sino contra otro órgano de gobierno, como cuando el presidente cierra el Congreso”. El episodio del pasado domingo -cuando las fuerzas de seguridad leales a Maduro impidieron el paso de los diputados (entre ellos Juan Guaidó) y nombraron presidente del cuerpo legislativo a Luis Parra, sin contar con el quorum obligatorio de 84 miembros- es un claro caso de “autogolpe”.

Venezuela comenzó su proceso de erosión democrática desde la asunción de Hugo Chávez en 1998 y la Constitución de 1999. Ésta permitió la abolición del Senado, la reelección presidencial y extendió el mandato presidencial de cinco a seis años. Seguidamente, el órgano denominado Asamblea Constituyente disolvió el Congreso (donde la oposición era mayoría) y de esta forma Chávez logró dominar por completo el proceso de adopción de políticas, sin ningún tipo de control parlamentario efectivo.

En 2007, otra enmienda constitucional, nuevamente aprobada en referendo, eliminó el límite en el número de veces que un presidente puede ser reelecto. De la misma forma, la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue muy restringida, así como la libertad de otros órganos del Estado dirigidos a poner frenos al poder presidencial. Otro rasgo autoritario de Chávez fue su control del poder judicial ya que la nueva Constitución había disuelto la Corte Suprema y la reemplazó por un nuevo órgano, compuesto por funcionarios de clara afinidad al gobierno.

Desde la asunción de Nicolás Maduro, en abril de 2013, la polarización en Venezuela se intensificó aún más, al igual que la represión gubernamental y el asedio y persecución a opositores. La violación a los derechos humanos fue el corolario de un proceso iniciado tiempo atrás.

Venezuela es quizás el ejemplo más claro de América del Sur para reconocer rasgos autoritarios. Chávez procuró debilitar hasta lograr sustituir las instituciones que antes ponían límites al poder presidencial y acalló a la oposición tanto desde la política como de los medios, pero la importancia del poder militar se vio mucho más fortalecida con su sucesor, Nicolás Maduro.

La Constitución del 99 le permitió al presidente realizar los nombramientos de las fuerzas armadas sin necesidad de la aprobación del legislativo. Este retroceso dio lugar a la ruptura de la democracia, ya indiscutible, como lo señala el último informe realizado por IDEA internacional (Instituto para la Democracia con sede en Suecia): “El retroceso en Venezuela ha sido el más grave: su puntuación en todos los aspectos de los Índices de El estado de la democracia en el mundo disminuyó, en promedio, 0,31 puntos desde 1997, y registró declives en 11 subatributos, entre los que se incluyen declives muy pronunciados en Gobierno Electo, Elecciones Limpias, Democracia Local, Participación de la Sociedad Civil, Independencia Judicial, Ausencia de Corrupción e Integridad de los Medios de Comunicación” (p. 40).

Hoy Venezuela se encuentra inmersa en un proceso de descomposición social, económica y política, no solo deberá reconstruir la democracia sino levantar los cimientos de un estado devastado y destruido. América Latina presencia, una vez más, cómo el autoritarismo ha vencido a la democracia. El silencio es cómplice, así como las acciones de aquellos que, amparados en falsas posiciones, siguen defendiendo un régimen que -de acuerdo al informe elaborado por Michelle Bachelet- está matando a su propio pueblo.

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