La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), agencia nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó este jueves una resolución que insta a Irán a “cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales”, según lo exigen dictámenes previos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el programa nuclear iraní. El texto fue aprobado por una mayoría de los 35 países miembros del organismo en Viena, con 19 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones. La resolución fue presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido.
El comunicado señala que, tras los bombardeos realizados en junio pasado por Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, los expertos del OIEA continúan sin acceso a esos sitios y carecen de información sobre aproximadamente 440 kilos de uranio altamente enriquecido, material susceptible de ser utilizado para fabricar armas nucleares. Por ello, la resolución demanda a Irán que brinde una “cooperación completa y rápida” al OIEA, incluida la entrega de toda la información y el acceso que el Organismo solicite.
El texto también exige que el director general del OIEA, Rafael Grossi, presente informes trimestrales sobre la situación nuclear iraní. Estos documentos deben aportar detalles sobre la verificación de las reservas de uranio en Irán, especificando localizaciones, cantidades, formas químicas, niveles de enriquecimiento y el inventario de centrifugadoras y equipos asociados.
En representación de los países promotores, la embajadora del Reino Unido, Corinne Kitsell, declaró ante la Junta: “El mensaje es claro: Irán debe resolver sus cuestiones de salvaguardias sin demora”. Kitsell subrayó la necesidad de que Irán restablezca la supervisión y facilite acceso y respuestas adecuadas, con el objetivo de permitir al organismo reconstruir la confianza internacional.
Por otro lado, una declaración conjunta de China, Rusia, Irán, Nicaragua, Venezuela y Zimbabue calificó la resolución de “contraproducente” y una “provocación”. La declaración concluyó que “cualquier acción provocadora —como otra resolución más— pondría en peligro y podría incluso anular los considerables esfuerzos realizados por el director general e Irán para avanzar en el diálogo y la cooperación”, presentada antes de la votación.
Durante la apertura de la reunión el miércoles, el director del organismo, Rafael Grossi, enfatizó ante la prensa que sus inspectores necesitan acceso a las instalaciones atacadas en junio: “Si un país, que tiene un régimen de inspecciones (con el OIEA), nos informa de que algo ha sido destruido, debemos verlo”, afirmó. Hasta el momento, los expertos del organismo no han recibido permiso de las autoridades iraníes para verificar materiales nucleares en siete instalaciones, algunas de ellas, como las plantas de enriquecimiento de uranio en Natanz y Fordó o el centro de investigación nuclear de Isfahán, objeto de los ataques, siguen parcialmente destruidas. Grossi precisó: “Si allí queda material (nuclear), entonces necesitamos tener acceso a ello”, descartando la necesidad de modificar los protocolos de inspección para instalaciones atacadas militarmente.
En el centro del debate internacional, según el OIEA, se encuentra la localización del uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al requerido para la fabricación de armas nucleares. El Gobierno iraní insiste en que no busca adquirir armas atómicas, mientras Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales mantienen sus sospechas sobre las intenciones del programa nuclear de Irán.