Empresa que proporcionó el brazalete electrónico de Miguel Ángel Félix Gallardo no tendría permiso de operación

La defensa que representa a Miguel Ángel Félix Gallardo ha reclamado el incumpliento de la suspensión de plano que un juez de amparo le otorgó al Jefe de Jefes con la cual no puede ser trasladado a otro centro de reclusión.

Para ello, la abogada del capo envío un escrito al Juez de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco y ofreció presentar unas pruebas documentales al respecto. Cabe recordar que dicha suspensión es respecto a la orden de traslado involuntario, en la que se decretó que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.

Lo anterior quiere decir que el fundador del Cártel de Guadalajara puede permanecer en el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde se encuentra recluido, en vez de ser trasladado al CEFERESO del estado de Morelos como lo había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el semanario Zeta, entre las pruebas reunidas por la defensa particular del narcotraficante se encuentra los señalamientos de la FGR respecto al brazalete electrónico para la geolocalización del capo, pues indicó que la empresa que proporcionó el dispositivo “no cuenta con el permiso” para su respectiva operación.

Y es que debido a las supuestas fallas de este brazalete se suspendió por segunda ocasión el proceso por el cual Félix Gallardo puede cumplir su sentencia desde su domicilio en Zapopan, acompañado por su familia (anteriormente se había determinado que no existían las condiciones para su traslado).

Fue así que se pospuso la medida “hasta que se subsanen las fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico”, sin tener una fecha fija para ello.

Entre las otras pruebas documentales reunidas por la defensa de Gallardo se encuentra la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la cual se concedía enviar al capo a su domicilio, así como el pedimento del Ministerio Público Federal (MPF) para que el Jefe de Jefes fuera trasladado al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos.

Asimismo, la abogada María Teresa Vallejo solicitó al juez de amparo que pida al comisario de Sentenciados en Jalisco la remisión de la copia certificada del expediente clínico, médico y psicológico que su cliente se realizó el 23 de septiembre, así como la bitácora de su tratamiento médico.

Ante ello, el juez dio un plazo de tres días para que las autoridades penitenciarias remitan dicho documento, al igual que las constancias del estado de salud física y mental de Félix Gallardo.

Sin embargo, a la defensa del capo le fue negada la solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las personas que han fallecido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferpsi) de Ayala, en Morelos, con la cual también se pretendía conocer las condiciones generales en las que se encuentran los internos.

Tampoco le fue concedida la solicitud en la que se pedía a la Secretaría de Gobernación la relación de las personas que han fallecido en Ceferesos del país, desde que fueron inaugurados hasta la fecha.

Cabe recordar que debido a las negativas de trasladar a Félix Gallardo a su domicilio, su defensa señaló que esos actos son parte de la tortura psicológica a la que ha sido sometido su cliente, a quien le habían diagnosticado más de 20 enfermedades, como hipertensión arterial, hipertrofia de próstata benigna y ansiedad.

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