Desde que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la regulación de los créditos de nómina con cobranza delegada, se desató una discusión pública sobre los derechos de los trabajadores, pues se podrían ver vulnerados los principios mínimos de la remuneración que perciben a cambio de los servicios otorgados al patrón.
El pasado jueves 17 de marzo, con 237 votos a favor, 18 abstenciones y 201 en contra, la bancada promotora de la 4T en San Lázaro aprobó reformar las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con lo cual se regularían los créditos de nómina con cobranza delegada.
En dicha reforma se definió como Crédito de Nómina con Cobranza Delegada cuando en el contrato de apertura de crédito se pacte la obligación de la persona que solicita el préstamo mediante el libramiento de una orden de pago para que un tercero (el empleador) realice el entero de dichos pagos con cargo a una o más de las fuentes de pago.
Puntualiza que únicamente serán fuentes de pago el salario devengado que derive de las relaciones de trabajo de la persona acreditada, las percepciones extraordinarias de carácter laboral, las indemnizaciones de igual naturaleza y conceptos afines, así como honorarios devengados asimilados a salaros.
Esto quiere decir que la liquidación de la deuda correrá expresamente del pago a los trabajadores: salario, aguinaldo, comisiones, utilidades, etc. y dichos préstamos estarán ahora regulados por el Estado, es decir, atenderán a una regulación estricta para que estos préstamos continúen ocurriendo. dicha regulación también aplica para garantizar la cobranza de estos créditos.
La discusión parlamentaria se extendió por algunas horas, pues los legisladores de la llamada oposición parlamentaria condenaron que el Estado mexicano intervenga en la regularización de éstos préstamos para garantizar el pago a partir de las retribuciones que realizan los patrones a loes empleados; es decir, condenaron que el salario de los trabajadores quede comprometido para pagar préstamos a los grandes empresarios.
De acuerdo con las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, esto contraviene el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además de transgredir los artículos 99 y 100 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los cuales establecen el “derecho irrenunciable a recibir salario” y que éste sea pagado “directamente al trabajador”.
Sin embargo, las bancadas de Morena, PT y PVEM dijeron que eso ya ocurre en la actualidad y lo que pretenden es que estos préstamos sean regulados por el Estado y, en la medida de que exista una certeza jurídica que los regule, los trabajadores se verán beneficiados.
Aún con estos argumentos encontrados, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, adelantó que se procederá con prudencia y perspectiva social e histórica en la ratificación de dicha iniciativa, pues aseguró que el salario, el establecimiento de un salario mínimo y el pago digno por prestar servicios es una conquista de la clase trabajadora que tiene casi un siglo, por lo que aseguró que su bancada actuará en congruencia a estos valores para beneficiar a las y los trabajadores.
La discusión sigue en el legislativo federal, pues falta la ratificación de la Cámara de Senadores para que se promulgue esta reforma; no obstante, la consecuencia inmediata de que esta iniciativa sea aprobada repercutirá en la economía de los empleados formales que perciban un salario menor, pues esto implica una menor capacidad de pago y un riesgo mayor a no tener la posibilidad de pagar.
“Respetamos el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, y por eso buscaremos reunirnos con sus integrantes, para generar los acuerdos y consensos necesarios, a fin de dotar a las y los trabajadores de un sistema jurídico que les asegure fortalecer su patrimonio”, explicó el doctor Monreal Ávila en un artículo.
De tal modo que se espera que el concepto de obligatoriedad de pago a los créditos de nómina con cobranza delegada sea modificado o regulado en favor de las clases trabajadoras; sin embargo, en su publicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado no asegura que así ocurrirá.
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