La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a establecer medidas cautelares en favor de Ángel Daniel Bautista Vásquez y su familia, por un presunto caso de tortura por parte de la Policía municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, y omisión de Gaudencio Ortiz Cruz, su presidente municipal.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI), informó que conforme a la resolución 38-2020, fechada el 18 de julio del 2020, la CIDH estableció la medida cautelar MC-636-20 para que el gobierno adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las presuntas víctimas de tortura en Tlaxiaco.
"El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros", se lee en el texto.
Esto, a raíz de que el joven fue torturado por los uniformados y posteriormente amedrentado para no continuar con su denuncia.
La historia de Ángel inició el 21 de marzo de este año, cuando aproximadamente a las 21:45 horas, al descender de un vehículo en el barrio de San Nicolás, unos policías municipales le dispararon en la pierna izquierda, lo golpearon y lo llevaron a un lote baldío, donde continuaron las torturas y le fracturaron la pierna derecha.
El joven relata que iba de visita al domicilio de sus padres y que lo levantaron en la carretera San Juan Mixtepec. También especifica que los uniformados viajaban a bordo de una camioneta patrulla.
Después de la agresión, el 20 de abril, el agraviado y su familia presentaron la denuncia penal por tortura y cualquier delito que emane de ella contra los policías responsables.
Gaudencio Ortiz Cruz, el alcalde local, se enteró de inmediato por los trabajadores que recibieron la denuncia; sin embargo, no accionó los aparatos de justicia para dar el seguimiento adecuado ni proceder con las investigaciones pertinentes. De hecho, hasta el momento no hay ningún detenido y los policías que perpetraron la violación de los derechos de Ángel siguen trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Lo que sí ocurrió, de acuerdo con la familia del agraviado, es que han sufrido amenazas y distintos tipos de amedrentación por parte de la policía.
De acuerdo con el CEDHAPI, el pasado 11 de abril y el 20 de junio, elementos de la policía accionaron sus armas de fuego afuera de la casa de la víctima, motivo por el cual recurrieron a instancias no gubernamentales.
Bautista Vásquez fue intervenido quirúrgicamente y hasta el momento no ha podido caminar por sus propios medios, de tal razón que la CIDH también solicitó a México que informe sobre las acciones implementadas para salvaguardar la integridad del afectado, así como investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares que se solicitan. Finalmente, los aparatos nacionales que procuren la seguridad del agraviado y su familia tienen un máximo de 10 días para reportar sus avances.
Cabe recordar que el alcalde Ortiz Cruz llegó a su cargo después del homicidio de Alejandro Aparicio Santiago en enero de este año. Y, desde que asumió su puesto, ha sido señalado por ordenar actos arbitrarios que violentan los derechos humanos de la población de Tlaxiaco.
Un acto por el que es recordado es cuando implementó, por motivo de la pandemia, que no puede haber ambulantaje en el municipio.
"Está estrictamente prohibido el ejercicio del comercio semifijo y ambulante en la vía pública, y quien infrinja estas disposiciones se hará acreedor a una multa de 40 a 100 días de salario mínimo, arresto por 36 horas o el aseguramiento de los bienes, dependiendo de la gravedad de la falta", declaró.
Esta medida fue señalada por los pobladores, pues el carácter punitivo de la medida sanitaria está en contra de su libre derecho al tránsito, al trabajo y a la propiedad privada.
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