La sociedad civil presentó una serie de amparos en contra de la militarización de la seguridad pública

El 11 de mayo de 2020 el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo bajo el cual la Presidencia de la República decretó la participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. El acuerdo pretende que las instituciones militares auxilien a la Guardia Nacional en sus primeros cinco años, sin embargo, el texto del acuerdo carece de información suficiente para determinar las limitaciones que regulen a las FFAA.

Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de amparos frente al Poder Judicial de la Federación (PJF) para exigir la derogación del acuerdo. Las organizaciones, que forman el colectivo Seguridad Sin Guerra, denuncian que la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad es una estrategia ha agravado las condiciones de violencia en el país.

<mark class="hl_orange">“</mark>La militarización debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho de una defensa y a la justicia<mark class="hl_orange">”</mark>

El comunicado conjunto también sirve como un llamado al PJF para revaluar los protocolos de revisión legislativa ya que las demandas que presentó el colectivo de forma digital fueron “desechadas bajo argumentos formalistas”. En un contexto internacional que exige la distancia social, este rechazo es un obstáculo para la participación social.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es una organización que existe desde 1989 y tiene calidad de consultor para entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.

En su amparo, solicitó al PJF un nuevo acuerdo que sí brinde los parámetros suficientes para garantizar que la labor de las Fuerzas Armadas sea “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, el acuerdo del 11 de mayo enuncia la intención de limitar las labores pero no describe cómo. Entre las deficiencias regulatorias del acuerdo están las ausencias de un plan para regresar a los militares a sus cuarteles y de una estrategia para monitorear el progreso estructural de la Guardia Nacional, bajo la cual se supone que operan el Ejército y la Marina.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que desde 2011 trabaja en la procuración de los Derechos Humanos y destaca en el estudio de violaciones a los derechos de migrantes, presentó el amparo para despojar a los militares de sus funciones de “investigación y control migratorio”.

Un estudio de FJEDD encontró que en los casos de masacres a migrantes en los que el ejército realizó investigaciones preliminares, lo hizo sin cuidado de la evidencia y en desacato de los procedimientos forenses. La fundación destaca un historial de negligencia en el cuidado de los derechos migrantes por parte de todas las autoridades competentes, las Fuerzas Armadas son un activo más bien contraproducente en un sistema que no sirve.

México Unido Contra la Delincuencia presentó un amparo que destaca la inconstitucionalidad del acuerdo con base en una “violación expresa” del mandato que la reforma constitucional para formar la Guardia Nacional dio al Congreso. El mandato exige a las cámaras la reglamentación del artículo 5to transitorio de la reforma porque contraviene el Artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública debe ser una labor civil.

<mark class="hl_orange">“</mark>Buscamos reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles– policías, ministerios públicos y fiscalías– y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que protejan a la ciudadanía.<mark class="hl_orange">”</mark>

EQUIS: Justicia para las mujeres, que busca reformar la procuración de justicia en temas de género, e Intersecta, que busca erradicar la discriminación, denunciaron la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en “aproximadamente 97 mil” casos de violencia contra las mujeres.

Las organizaciones feministas destacaron los resultados de la “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016”, que encontró que el 20.9 % de las mujeres arrestadas por el Ejército y el 40.9 % de las detenidas por la Marina fueron víctimas de violación.

Distintos medios denunciaron la inconstitucionalidad del Acuerdo para la militarización desde mayo. Ahora, las organizaciones del colectivo Seguridad Sin Guerra denuncian también que no les fue posible presentar los amparos para derogar el acuerdo y diseñar uno con enfoque de cuidado a los Derechos Humanos.

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