Este jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer los avances de las investigaciones sobre el ex delegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien fue acusado de conflictos de interés por tener, supuestamente, diversas empresas de distribución farmacéutica que recibieron millonarios contratos del gobierno.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria expuso que la resolución final la dará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que se le respeta la presunción de inocencia.
“Hemos dado absoluto respeto al debido proceso y el ex funcionario ha sido notificado en tiempo y forma, se le ha permitido hacer todos los alegatos de defensa necesarios”, expuso.
Por su parte, al ser cuestionado sobre este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a comentar que “es un caso que lleva jiribilla”.
Lomelí Bolaños también fue diputado federal en la LXIII Legislatura por Guadalajara, Jalisco, y ejerció su cargo de 2015 a 2017, cuando fue señalado por beneficiar a sus empresas.
La secretaria de la Función Pública dio a conocer que una de las dos empresas inhabilitadas el año pasado tramitó un amparo. Se trata de Laboratorios Solfrán, firma que había sido incapacitada por dos años seis meses y una sanción por 1,051,500 pesos, pero el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictaminó la suspensión definitiva de ambas sanciones, sin embargo y a pesar de la sanción volvió a obtener un contrato.
“Efectivamente, sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave”, acusó la funcionaria federal durante la conferencia matutina que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A decir de la resolución emitida por el magistrado Miguel Aguilar García, bajo el número de expediente 1164/19-22-01-4, adscrito a la Sala Regional del Norte-Centro y Cuarta Auxiliar, decidió otorgar la suspensión y “que las cosas se mantengan en tal estado” después de que la SFP no acudió “en tiempo y forma” a desahogar una vista que le fue ordenada.
“Se concede la suspensión definitiva del acto impugnado consistente en la resolución de fecha 31 de julio de 2019 dictada dentro del expediente número SAN/016/2019, así como, la resolución de fecha 09 de septiembre dictada por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública por la cual se le impone una multa de $1,051,500.00”, señaló la sentencia.
Más adelante añade: “para el sólo efecto de que las cosas se mantengan en que se encuentran, condicionando su eficacia a que quede debidamente garantizado el interés fiscal ante la autoridad en los términos precisados en el presente fallo”.
En septiembre pasado, la SFP inhabilitó las empresas Lomedic y Laboratorios Solfrán, ambas relacionadas con el también ex delegado federal en Jalisco.
Cuatro de las denuncias que actualmente posee ante la SFP, y que salieron a la luz pública a partir de una investigación elaborada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que son por conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que destacan presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Iba para gobernador
Lomelí Bolaños es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara.
Fue precandidato a gobernador por el PRD en 2006 pero finalmente contendió por una senaduría y perdió; fue candidato para el Senado nuevamente en 2012, pero también perdió. Después de la 2012 elección, cambió de partido a Movimiento Ciudadano, el cual le colocó en el primer lugar de su lista de diputados plurinominales para la primera región electoral en las elecciones de 2015, por lo que ganó un puesto en la Cámara de Diputados.
En marzo de 2017, Carlos Lomelí cambió nuevamente de partido a Morena, donde fue designado Coordinador. En febrero 2018, dimite como diputado para contender para la elección de Gobernador de Jalisco como la alianza Juntos Haremos Historia, como candidato de coalición. Carlos Lomelí acabó segundo con 24.38 por ciento de los votos emitidos, detrás de candidato ganador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano.5
El 18 de diciembre de 2018 fue nombrado Delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Renunció a su cargo el 12 de julio de 2019 para que la Secretaría de la Función Pública realizara las investigaciones por supuesto conflicto de intereses por sus empresas de medicamentos.
Con sus empresas habría recibido 850 mdp del gobierno
En 1999, Lomelí creó su primera empresa Lomedic, S.A. de C.V., la cual empezó a suministrar medicamentos a las clínicas del IMSS en Jalisco.
En 2010, la compañía ganó contratos por 600 millones de pesos. Durante esos años, Lomedic fue colocada por los Estados Unidos Treasury Departamento en una lista de diez compañías enlazadas a actividades de narcotráfico. Se realizó la investigación y la empresa fue removida de la lista el 10 de enero de 2012 al no comprobarse nexos con delincuencia organizada.
En 2011, Lomelí Bolaños fundó otra compañía, Laboratorios Solfrán en Guadalajara, dedicado a la fabricación de medicinas genéricas. Junto a la compañía Abastecedora de Insumos para la Salud, recibieron 307 contratos federales para un total de 883.8 millones pesos de 2013 a 2017 en contratos gubernamentales.
La primera de estas empresas, constituida el 10 de febrero de 1999, sí fue incluida por Lomelí tanto en su declaración patrimonial como de posible conflicto de interés, pero la segunda fue omitida de ambas declaraciones.
Lomedic
Aunque no la reportó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), e incluso se ha deslindado públicamente de su propiedad o control, Abisalud tiene relación “activa” con Lomedic.
“La información con que cuenta la SFP nos permite estar en condiciones de acreditar la relación comercial, y activa interacción entre ambas empresas, a través de documentos oficiales, fiscales y financieros”, señala un dictamen oficial del Caso Lomelí.
Con Lomedic, el ex funcionario investigado por la SFP, y su esposa Karina Lucía Navarro, quien figura como socia de la empresa, obtuvo 261 contratos entre 2010 y 2018.
Dichos contratos, otorgados por dependencias federales y entidades federativas, fueron por un monto de 417 millones 465,851 pesos.
Durante ese periodo, el año que resultó más lucrativo para Lomedic fue 2014, cuando ganó 385 millones 584,000 pesos de 124 contratos gubernamentales.
Lomedic es una de las más de 20 compañías que forman la red que tejió Lomelí en la última década, y que le permite operar un conglomerado farmacéutico en Jalisco, manifestó por su parte el diario Reforma.
En dicho periodo, hubo contratos para Lomedic del IMSS, el ISSSTE, el Hospital General de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), el Instituto Nacional de Perinatología (INPER).
Asimismo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicano (Pemex), y el Gobierno de Aguascalientes, entre otros.
Abisalud
Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) obtuvo 98 contratos entre 2014 y 2019, por 433 millones 251,921 pesos.
Según los documentos, tan sólo en 2019 suma 11 contratos por 233.4 millones de pesos, de los cuales seis son del Instituto Nacional de Pediatría (INP) por 2.1 millones de pesos; cuatro del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) por 184.7 millones de pesos; y uno del Gobierno de Veracruz por 36.5 millones.
En los años anteriores, también han contratado a Abisalud los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán y Coahuila, el IMSS, el ISSSTE, el INER, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Le volvieron a dar contratos
A pesar de la inhabilitación, Laboratorios Solfrán logró contratos por hasta 128.6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos que en diciembre pasado realizó la Secretaría de Hacienda.
La empresa consiguió que una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgara a principios de diciembre una suspensión definitiva a la inhabilitación, con lo que pudo participar en la licitación de la compra consolidada de medicamentos que se realizó entre los días 4 y 24 de ese mismo mes.
El otorgamiento de la suspensión definitiva contó con la omisión de la SFP que, pese a haber sido enterada por la Sala de la solicitud, no presentó pruebas para justificar la necesidad de que la inhabilitación persistiera hasta en tanto no se resolviera el fondo del asunto.
En la compra consolidada de medicamentos, Hacienda adjudicó a Laboratorios Solfrán cuatro partidas por un monto mínimo de 51.4 millones de pesos y máximo de 128.6 millones de pesos para proveer electrolitos orales en polvo y solución, aluminio y magnesio en solución, así como cinitaprida en comprimido.
Según el boletín que el 13 de septiembre emitió la SFP, la sanción contra Laboratorios Solfrán S.A. de C.V. y contra Lomedic S.A. de C.V., también propiedad de Lomelí, fue porque falsearon información al negar la existencia de vínculos con algún servidor público.
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