La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a compañías como Google, Facebook y Airbnb, pidió este martes al Gobierno de México que no desconecte de internet aquellas plataformas que no puedan afrontar los requisitos impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en el presupuesto para 2020.
“No estamos en contra de pagar impuestos, estamos muy a favor de apoyar al Gobierno, pero estamos en contra del apagón a internet”, explicó Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, a la agencia de noticias Efe al salir de una reunión con representantes de la Secretaría.
El pasado 8 de septiembre, la SHCP entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El presupuesto obliga a los prestadores de servicios digitales extranjeros a registrarse en el Servicio de Administración Tributaria a fin de pagar impuestos, y prevé la posibilidad de desconectar servicios de internet como sanción a quienes no paguen su contribución.
blockquote class="twitter-tweet">del pago de impuestos a la economía digital, siempre y cuando no vulnere los derechos de los usuarios ni su acceso a #internet https://t.co/5NCgbMsFb8
— Sissi De La Peña (@sissimpm) September 24, 2019
Sobre ello, ALAI reconoció el compromiso que Hacienda ha expresado para establecer medidas que contribuyan a la disciplina fiscal, “bajo los criterios de neutralidad, eficiencia, certeza y simplicidad, efectividad, equidad, y flexibilidad”. Sin embargo, sostiene que la desconexión de plataformas supone una vulneración al derecho de la “accesibilidad universal a internet” y afectará sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar los plazos fijados por Hacienda.
En entrevista, Sissi de la Peña considero que se trata de una mala iniciativa que evitaría que se cumpliera la máxima de que el “internet es de todos”. La gerente defendió que las tecnológicas están a favor de contribuir con impuestos, pero dijo que estas tarifas deben aplicarse mediante “una metodología adecuada y sin dañar los derechos de los usuarios”.
En un comunicado, ALAI se dijo comprometida para que los servicios digitales sigan contribuyendo al desarrollo de la economía nacional y la creación de empleo, y aseguró que las empresas que la conforman han colaborado voluntariamente con la Unidad de Política de Tributación de la SHCP.
Tras la reunión de este martes, de la Peña celebró que la “reunión fue muy buena” y que los funcionarios de Hacienda se mostraron “abiertos al diálogo” para revisar el Paquete Económico 2020.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el proyecto de ingresos de la administración, que deberá ser ratificado por el Senado antes del 31 de octubre. Posteriormente, la Cámara de Diputados deberá aprobar el proyecto de gastos del Gobierno antes del 15 de noviembre.
La gerente confió en que los legisladores supriman la desconexión entre las sanciones previstas, aunque admitió que “el tiempo está ajustado”. Por otro lado, celebró “la buena iniciativa” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para extender la conexión a Internet en todo el territorio nacional.
El dilema por el cobro de impuestos a plataformas digitales
Empresarios mexicanos han reclamado al gobierno sobre la regularización y el cobro de impuestos a plataformas digitales de comida, hospedaje y transporte, para poder tener una competencia más justa, argumentan.
Desde la entrada de la nueva administración federal se han realizado propuestas para hacer realidad la recaudación de impuestos de los negocios digitales.
En marzo de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que el total de ingresos obtenidos por el cobro de impuestos a plataformas como Uber, Netflix y Spotify, podría llegar a ser de USD 179 millones al año.
Sin embargo, no habían existido avances reales en materia legislativa, hasta que en 21 de agosto se informó sobre la modificación a las disposiciones tributarias del anexo tres de la Resolución Miscelánea Fiscal del Servicio de Atención Tributaria para el 2019.
El SAT indica que debe cobrarles ISR debido a que lo que ofrecen es una actividad empresarial. Mientras que en cuanto a la recaudación de IVA, justifican con que se debe tributar por otorgar el servicio del arrendamiento.
Para la Secretaría de Hacienda, quienes no realicen el pago de los impuestos, estarán recayendo en una práctica fiscal indebida.