Entre 2006 y 2016, las fiscalías de 24 estados de México han encontrado al menos 1.978 fosas clandestinas, de acuerdo con una investigación independiente emprendida por un grupo de periodistas mexicanos para el proyecto adondevanlosdesaparecidos.org, que se presenta este lunes en la Ciudad de México.
De esas fosas, las autoridades han recuperado 2.884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de personas.
Del total de cuerpos y restos recuperados, sólo 1.738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir de 200 solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
"El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que en 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas y que en los años siguientes el número subió a cientos", anota la investigación que encabezaron las periodistas Marcela Turati, Alejandra Guillén y Mago Torres.
De acuerdo con este registro periodístico, en 2007 fueron 10 las fosas clandestinas halladas en 5 estados. En 2010 la cifra aumentó a 105 en 14 entidades, en 2011 ya había 375 en 20 estados, y a partir de 2012 la cifra por año no ha bajado de 245.
A la fecha, en 1 de cada 7 municipios mexicanos han sido halladas fosas con restos humanos.
Michoacán, el principio
La primera fosa clandestina descubierta en México se hallaba en el municipio de Angahuan, en Michoacán, donde el 7 de septiembre de 2006 la policía encontró seis hombres maniatados, semidesnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada.
"El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la 'guerra contra las drogas', a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos", anota la investigación, que hace año y medio comenzó un equipo de periodistas independientes.
A partir de aquella primera fosa, ya suman casi 2.000 los cementerios clandestinos encontrados en México, según cifras recopiladas a través de las respuestas a solicitudes de información que proporcionaron las fiscalías de 24 estados.
En el mapeo elaborado por el equipo de investigación periodística, hay 8 estados que no están incluidos porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas. Estos son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Yucatán es el único estado donde nadie –ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa– había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún cementerio clandestino.
La sistematización de los datos oficiales de esta investigación revela que los estados con el mayor número de fosas clandestinas halladas son: Veracruz (con 332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua (194), Sinaloa (139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), Michoacán (76) y San Luis Potosí (65).
Por otra parte, los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos), Chihuahua (391), Tamaulipas (336), Guerrero (325), Veracruz (222), Jalisco (214), Sinaloa (176), Michoacán (132), Nuevo León (119), Sonora (96) y Zacatecas (81).
La investigación periodística advierte que Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas y que omitió mencionar en su lista las fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que deberían haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera clandestina hasta 2016, cuando las familias de víctimas descubrieron su existencia.
La danza de las cifras
La investigación emprendida por el equipo de periodistas mexicanas y apoyada por la organización civil de periodismo de investigación Quinto Elemento Lab, evidencia una brecha respecto de las cifras oficiales.
Mientras esta investigación independiente mapeó 1.978 fosas clandestinas hasta 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 1.306 hasta mayo de 2018, donde fueron localizados 3.926 cadáveres y casi 36.000 fragmentos de restos óseos.
Las cifras, en ambos casos, todavía están incompletas, advierte el texto de presentación del proyecto adondevanlosdesaparecidos.org.
Las razones, entre otras, son que no todos los estados reconocen sus fosas. Gobiernos de 7 estados informaron que en su territorio no hay fosas o sitios parecidos de exhumación, aun cuando información de la CNDH, la PGR o la prensa indican lo contrario.
"Fue el caso del gobierno de Baja California, que negó tener registro de entierros, sitios de disolución de cadáveres, 'cocinas' o similares, donde criminales pudieran haber desaparecido los cuerpos de sus víctimas".
Esto, a pesar de que en 2009, en Tijuana, el Ejército capturó a Santiago Meza López, quien fue presentado ante la prensa como "El Pozolero" porque deshacía en ácido los cuerpos de supuestos enemigos del cártel de Tijuana.
Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Chiapas también reportaron cero entierros clandestinos cuando los periodistas solicitaron información.
Su negativa contrasta con los reportes de la PGR o la CNDH que dan cuenta de 10 fosas entre todos, pero si se toma en cuenta el monitoreo de medios de la CNDH, su número llega a 17.
En el caso de Guanajuato y Puebla, aunque ambos se declaran libres de fosas, la prensa reporta lo contrario.
Sin rastro
Las autoras aclaran que el mapa que surge de esta investigación no mezcla los datos de las fiscalías estatales con los de la PGR.
"Este reportaje y el mapa que acuerpa la información encontrada también clasifica de manera diferenciada, y en espacios separados, ambas fuentes de información: la proporcionada por fiscalías locales y por la PGR", dicen.
Además reconocen que muchos de los hallazgos de fosas han sido posibles gracias a una ardua la labor de investigación por parte de las familias.
También destaca que la identificación de cadáveres se dificulta mucho más cuando se cometieron errores durante el desentierro. Como en Durango, en 2011, donde los cuerpos fueron extraídos con trascabo que los destrozaron.
"O cuando los restos fueron quemados, incinerados o disueltos usando ácidos o métodos alcalinos. Como en Veracruz, donde hay seis puntos con al menos 18.680 restos óseos y sólo dos personas identificadas, según la respuesta a las solicitudes de información".
Otro ejemplo es Coahuila, que reporta 87 sitios de inhumación clandestina de los que se han tomado 102.717 "muestras biológicas" y sólo han identificado a 19 personas. La fiscalía se rehusó a proporcionar la ubicación de cada una, y por eso aparecen menos sitios en el mapa nacional.
En otros estados pareciera que las propias fiscalías perdieron el rastro de los cuerpos que tienen bajo su resguardo. Es el caso de Sonora que, al solicitarle información de un cuerpo recuperado en Nogales en 2016, respondió: se "desconoce si fue identificado".
Acerca de dos cuerpos exhumados en 2008 en el municipio de Naco, indicó: "no se cuenta con la información debido a baja del médico". Sobre otros casos respondió: "no se sabe si fueron cremados ni se conoce el lugar de resguardo".
La urgencia de protocolos
Esta investigación, dicen sus autoras, intenta dotar de ubicación y número a las fosas y a los restos hallados. Arroja también pistas sobre sitios en disputa, métodos de desaparición por regiones o cambios de patrones.
En esos sitios tanto familias buscadoras como autoridades siguen descubriendo terrenos con miles de fragmentos óseos, lo que dota de mayor dificultad las labores para su identificación.
"Un lente para mirar el mapa de fosas derivado de esta investigación es la que propone la doctora argentina en Ciencia Política, Pilar Calveiro, autora de libros como Poder y desaparición: observar los momentos en los que matar y tirar los cadáveres en la calle dejó de ser castigo suficiente, en que comenzaron a sepultar cuerpos para desaparecerlos, y el momento en el que los asesinos dejaron de enterrar y optaron por métodos para disolver cuerpos", apunta la investigación.
Esta investigación también se topó con información fragmentada, muchas veces contradictoria, otras maquillada, así como la falta de homologación de registro entre fiscalías estatales, incluso para clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y fosas.
"Para llegar a los números alcanzados hubo que desentrañar la variedad de nombres que cada fiscalía da a cada sitio de levantamiento de cuerpos, según la complejidad que enfrenta", anota el reportaje que acompaña el mapa.
Para la fiscalía de Veracruz, por ejemplo, un pozo con restos óseos calcinados es una fosa, pero también lo nombra como "centro de destrucción de cuerpos". Mientras que Coahuila llama "sitios de inhumación clandestina" a los lugares donde se encontraron tambos usados para calcinar personas.
A la petición de número de fosas, Tamaulipas agregó en su respuesta el número de tambos metálicos que han encontrado con remanentes de restos óseos incinerados. Y a los 19 lugares donde fueron calcinados cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como "cocinas", utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.
Aguascalientes, en tanto, respondió que desconoce el significado de la palabra fosa clandestina.
Para Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México, investigaciones como esta muestran la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país para registrar fosas y restos encontrados.
"Que expliquen (cada fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa, osamenta, cuerpo o resto; cómo llaman a alguien que fue identificado pero no encuentran a su familia: ¿no identificado o no reclamado?, ¿cómo lo cuentan?; ¿cómo catalogan las que llaman 'cocinas', o cuando los cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la intemperie o dentro de una maleta?. Sin esas definiciones es muy difícil hacer estadísticas. Eso hay que resolverlo."
Mientras tanto, en México, 37.485 personas estaban reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2006 y octubre pasado, según los registros oficiales. Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.
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