Llegó a Bogotá el exjefe del DAS involucrado en el asesinato de Alfredo Correa de Andreis a manos de los paramilitares

En los últimos minutos se conoció que el exsubdirector del DAS en Santa Marta Javier Alfredo Valle Anaya, señalado de ser uno de los asesinos del profesor Alfredo Correa de Andreis en 2004, fue deportado desde Estados Unidos el pasado 1 de septiembre y llegó al país hoy viernes 2 de septiembre.

Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., (ICE, por sus siglas en inglés), Valle Anaya fue capturado el 5 de octubre de 2018 por “violaciones de inmigración el 5 de octubre de 2018 por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York”, esto, pues, Valle Anaya estaba en Estados Unidos de forma fraudulenta.

Luego de su captura, según informaron desde el ICE, el 6 de diciembre de 2019 un juez de inmigración determinó que Valle Anaya no pudo negar su papel en el tiroteo del 17 de septiembre de 2004 contra el profesor Alfredo Correa de Andreis, sociólogo, y su guardaespaldas, Edilberto Ochoa Martínez, mientras pertenecía al DAS. También, en 2019, Valle Anaya había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Como resultado, el togado ordenó deportar a Valle Anaya por tergiversar intencionalmente un hecho material en su solicitud para ajustar el estatus como residente permanente legal. Las apelaciones posteriores de Valle Anaya a la decisión del juez fueron denegadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, allanando el camino para su deportación.

El diario El Tiempo reveló que Valle Anaya, estaba, supuestamente, desde el 2007, en condición de asilado político en Estados Unidos. Un lustro después, en 2012, y ocho años después del asesinato del profesor a manos de paramilitares, se emitió la orden de captura en su contra. Lo que propició que hombres de la Fuerza de Tareas de Documentos y Beneficios de HSI Nueva York y del Centro de Infractores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra del ICE le siguieran sus pasos hasta lograr su captura en Nueva York.

Valle Anaya, de 54 años, según información de El Tiempo, venía evadiendo a las autoridades colombianas y su condena de 40 años –impuesta en 2017– emitida luego de que las investigaciones arrojaran que fue Valle Anaya quien filtró información falsa sobre el profesor a los paramilitares. En el juicio se determinó que Anaya incluso habría hecho parte del plan para desprestigiar al profesor creando pruebas y pagando testigos para que lo acusaran de tener vínculos con la guerrilla de las Farc. Estos testimonios recolectados fueron la base para que se ordenara una detención en contra de Correa de Andreis por presuntamente ser ideólogo del Bloque Caribe de las Farc.

Al tocar el suelo colombiano, Migración Colombia lo puso, inmediatamente, a órdenes de las autoridades nacionales.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, más de nueve millones de personas sufrieron afectaciones por el conflicto armado en Colombia. Movimientos guerrilleros, agentes del Estado y agentes paraestatales cometieron graves violaciones contra los derechos humanos y serias faltas al Derecho Internacional Humanitario. Así quedó constatado en el capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que fue publicado el lunes 8 de agosto.

El documento, que corresponde al tercer tomo del documento final presentado al país el pasado 29 de junio, hace énfasis en las responsabilidades que tienen los agentes armados legales, paramilitares y las extintas Farc en la prolongación de la guerra interna y sus dinámicas por más de medio siglo. De hecho, señala que “los hechos de violencia perpetrados por los grupos paramilitares también comprometen la responsabilidad del Estado, porque cuentan con su apoyo y aquiescencia”.

A su vez, indican cifras aproximadas sobre delitos como la desaparición forzada, el cual fue cometido en mayor medida por agentes paraestatales, 63.029 casos, seguido por la extintas Farc-EP con 29.410 y 9.359 perpetrados por agentes de la fuerza pública.

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