Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y otras organizaciones de derechos humanos y de víctimas, rechazaron la presunta existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), para ocultar hechos que rodearon los falsos positivos y las desapariciones forzadas y así proteger la responsabilidad de altos mandos militares.
Varios medios de comunicación han hecho referencia a las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Fuerza Pública ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que afirman haber recibido presiones por parte de Fondetec para ocultar o tergiversar información, generando barreras al esclarecimiento de la verdad sobre la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en estos crímenes.
Señalan los militares que, los abogados adscritos a Fondetec aplicaban, mediante supuestas “jornadas de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición a comparecientes de la JEP”, diferentes métodos de presión para generar temor entre los comparecientes que quisieran aportar genuinamente a la construcción de la verdad y señalar la participación de sus comandantes en las versiones voluntarias en el marco de los casos 003 y 004 referentes a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” -ejecuciones extrajudiciales- y “Situación territorial de la Región de Urabá”.
Uno de los comparecientes señaló que le habían dicho en estas reunión: “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación. Nos prevenían para no meternos con los generales”.
“Hay un interés de Fondetec de dirigir una estrategia estructurada y generalizada de encubrir la información que versa sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales mientras protegen a los altos mandos militares”, señaló Movice.
Así mismo, desde la organización de víctimas, recordaron como en 2019 denunciaron el Plan No. 002811 del 13 de marzo de 2019 del Ejército Nacional, emitido por su entonces comandante Nicacio de Jesús Martínez Espinel, mediante el cual se fijaban “directrices para la construcción de una narrativa en el marco del conflicto armado”, especialmente ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad-CEV, como parte del Sistema Integral.
“Solicitamos la apertura del incidente de seguimiento al cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Mario Montoya Uribe, después de encontrar que su diligencia de versión voluntaria estaba determinada por su interés de guardar silencio, a pesar de tener el compromiso de contribuir a la verdad sobre esta práctica criminal llevada a cabo por parte del Ejército Nacional, postura que se adecúa evidentemente con la estrategia de impunidad que pretende instaurar Fondetec”, señaló Movice.
Los militares que revelaron esta estrategia cuentan que no solo la han implementado los abogados de los militares adscritos a Fondetec ante la JEP, sino que ha sido una práctica recurrente en todos los escenarios de justicia donde representan a militares, diseñando rutas para impedir el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Los familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente y los sobrevivientes de estos crímenes han enfrentado la negación de los hechos, la estigmatización pública e institucional y las barreras de acceso a la justicia: Movice
Por esta presunta estrategia de ocultar información, magistrados del tribunal de paz ya compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría con el fin, no solo de establecer la identidad de quienes instauraron esta práctica, sino de investigar su conducta.
“Hay que determinar quién dio la orden de atentar contra la verdad y la memoria, que constituyen presupuestos para garantizar la no repetición, en un escenario de Justicia Transicional como el que atraviesa Colombia actualmente”, dijeron desde las organizaciones de víctimas del Estado.
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