La Justicia uruguaya procesó con prisión al ex subcomisario Ricardo Zabala, de 74 años, por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber ocurrido en 1978 durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
El crimen, conocido como el caso de “los vinos envenenados”, fue uno de los más emblemáticos de ese oscuro periodo, y la reciente decisión marca un hito en la búsqueda de justicia para la familia Heber y la sociedad uruguaya en general.
Zabala fue procesado como coautor de un “delito de homicidio”, según el fallo de la jueza Silvia Urioste, fechado este viernes 18 de octubre. Las huellas dactilares del ex subcomisario fueron encontradas en una de las botellas de vino envenenadas, una de las cuales causó la muerte de Fontana, esposa del destacado dirigente del Partido Nacional Mario Heber.
Un atentado planificado y encubierto
El caso se remonta a septiembre de 1978, cuando tres botellas de vino fueron enviadas a líderes políticos opositores al régimen: Luis Alberto Lacalle Herrera, quien más tarde se convertiría en presidente de Uruguay (1990-1995); Carlos Julio Pereyra y Mario Heber.
Sin embargo, solo Cecilia Fontana bebió del vino adulterado con insecticida, lo que le causó una muerte inmediata. El crimen en su momento fue investigado de manera irregular y sin resultados judiciales concretos.
El abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bove, expresó en redes sociales: “A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo justicia. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”.
A su vez, Fernando Heber, hijo de la víctima, escribió: “A mis viejos, más de 40 años después, logramos darles un poco de paz con verdad y justicia. Sus hijos, nietos y bisnietos hoy agradecemos vivir en la libertad por la que ellos dieron su vida”.
El rol de Zabala y los conspiradores de la dictadura
La investigación reveló que Zabala formaba parte de un grupo dentro de las Fuerzas Conjuntas que coordinaba a militares y policías “estrechamente comprometidos” con las violaciones de derechos humanos.
Según el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe “no cabe lugar a dudas” de que el atentado también involucró a militares como Amauri Prantl y José Gavazzo, junto con otros policías represores ya fallecidos. Todos ellos formaban parte de un complot para eliminar a figuras opositoras y evitar cualquier negociación que pudiera amenazar la continuidad del régimen.
La prueba decisiva para el procesamiento de Zabala fueron sus huellas dactilares encontradas en una de las botellas envenenadas, lo que desmentía cualquier error de manipulación, ya que la botella nunca pasó por la Dirección de Narcóticos, donde Zabala trabajaba en ese momento. “Ergo, debió manipularla antes del atentado”, afirmó Perciballe.
Largo camino hacia la justicia
La muerte de Fontana generó una serie de investigaciones fallidas durante la dictadura y los primeros años de la democracia. En 1985, tras el retorno democrático, el Senado intentó reabrir el caso, pero se archivó en 1988. No fue hasta 2006, por pedido de Carlos Julio Pereyra, que el caso se volvió a examinar aunque nuevamente fue cerrado en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
Finalmente, el acceso a nuevas técnicas periciales y documentos desclasificados permitió reabrir el caso en 2020 a pedido de Luis Alberto Heber, hijo de la víctima y actual senador. Esto llevó a que el fiscal Perciballe solicitara el procesamiento de Zabala en diciembre de 2023, apuntando que el ex subcomisario era coautor del atentado que buscaba acabar con la vida de tres prominentes opositores al régimen dictatorial.
Un crimen que pudo haber sido aún más letal
El caso de los vinos envenenados no solo fue un ataque directo contra Mario Heber, sino también contra Lacalle Herrera y Pereyra. De haber bebido las botellas adulteradas, ellos y quienes compartieran el vino hubieran corrido la misma suerte que Fontana.
“La dictadura quiso matar a tres dirigentes políticos, pudieron haber matado a tres familias enteras y mataron a una mujer inocente”, reflexionó Javier Barrios Bove.
El 18 de octubre, fecha en la que se dictó el procesamiento de Zabala, coincidió con el cumpleaños de Fontana, lo que agrega una carga emocional a la resolución judicial, la cual sigue resonando entre los descendientes de la familia Heber.
El procesamiento de Zabala fue decretado bajo el viejo Código del Proceso Penal, vigente antes de 2017. Aunque el ex subcomisario alegó problemas de salud para no presentarse a la audiencia, la jueza Urioste dictó prisión domiciliaria con tobillera electrónica a la espera de una nueva evaluación médica que podría modificar la medida.
Una investigación aún abierta
Pese al avance que significa el procesamiento de Zabala, Perciballe sostiene que aún quedan responsables vivos y que la indagatoria debe continuar. La posible implicación de civiles sigue siendo un punto de interés en la investigación.
La búsqueda de justicia en el caso de Cecilia Fontana continúa siendo un recordatorio de las heridas abiertas que dejó la dictadura en Uruguay, y del compromiso de muchas familias por conocer la verdad y lograr justicia para sus seres queridos.
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