El monopolio de la provisión de alimentos en las cárceles se ha vuelto polémica. Lafattoria S.A., la empresa encargada de suministrar alimentos en 25 de los 36 penales, está bajo escrutinio debido a presuntas vinculaciones con el crimen organizado. El gobierno entregó un informe secreto a la Fiscalía General que sugiere irregularidades en los contratos de esta empresa. El presidente, Daniel Noboa, denunció que Lafattoria habría ganado USD 171 millones desde 2015, y estos fondos podrían haber financiado actividades criminales.
Noboa también anunció que el Estado no celebrará futuros contratos con empresas relacionadas con el crimen organizado, aunque no mencionó directamente a Lafattoria: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, escribió Noboa en X. Además, relató que: “En este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.
Según el mandatario: “Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos”.
Lafattoria, por su parte, reclamó un pago adeudado de USD 30 millones desde diciembre de 2023. La empresa negó ser un monopolio, afirmando que solo provee servicios de alimentación en 25 cárceles del país. Frente al informe entregado a la Fiscalía, el proveedor indicó que están dispuestos a colaborar con las investigaciones y dijo que espera que lo actuado por el Ejecutivo no sea un acto de represalia política.
El representante de la empresa, Richard Villagrán, publicó en X una carta dirigida al presidente Noboa. En la misiva indicó que las insinuaciones sobre las millonarias ganancias de la empresa que habrían servido para financiar a grupos criminales es “una acusación que ha golpeado el corazón de miles de personas que participan directa e indirectamente de esta titánica gestión del grupo empresarial que dirijo y que hemos confiado en su gestión”. Villagrán dijo que son miles los trabajadores que colaboran con la provisión de alimentos y aseguró que “es errada la información”. El representante aseguró que las acusaciones “más bien parece una justificación para no pagar los casi USD 30 millones que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”.
Además, el empresario aseguró que su Lafattoria ha sido auditada y que no ha sido objeto de denuncias o procesos legales en sus 12 años de operación: “(La empresa) jamás ha sido glosada por la Contraloría General del Estado, reporta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), paga puntualmente sus impuestos, reinvierte sus utilidades generando miles de empleos y que tiene como proveedores a cientos de agricultores”. Villagrán en su carta dijo que lo dicho por el presidente “constituiría una difamación y más aún cuando inclusive las cifras que cita son erradas; y ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de personas privadas de la libertad y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”.
Villagrán aseguró que una vez que las investigaciones fiscales terminen se confirmará que la empresa no tiene vínculos con la narcopolítica y “se demostrará, señor Presidente, que lo han mal informado”. El representate sentenció: “Sepa usted que no tengo la más mínima vinculación ni con políticos del pasado ni mucho menos con el narcotráfico. No lo juzgo por no conocerme, al contrario, agradezco tener esta oportunidad de dirigirme a usted para que pueda conocer de primera mano quién soy y cuál es mi principal propósito, al igual que el suyo: servir”.
Detrás de Lafattoria está el grupo Riasem, su principal accionista. La empresa, según indica su representante, ha ganado terreno en las cárceles debido al escaso interés de otros proveedores, atribuido en parte al entorno violento en las prisiones ecuatorianas.