La Fiscalía formuló cargos de delincuencia organizada el viernes a un juez, un ex asambleísta, una ex fiscal provincial, una ex comisionada para la pacificación de las cárceles en Ecuador y otras nueve personas como parte de un megacaso judicial destapado en diciembre que apuntaba a la infiltración del narcotráfico en el sistema de justicia, policía y cárceles del país.
Los 13 nuevos involucrados por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, se incorporan a un expediente judicial —llamado caso “Metástasis”— en el que ya constaba un primer grupo de 40 imputados como presuntos integrantes de esa red.
Salazar dijo que este caso es una “radiografía integral de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia, nuestra política y cómo ésta ha sido vejada” en varios niveles de institucionalidad como jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros muchos.
Entre los últimos procesados, hay empresarios, un policía, guardias penitenciarios y figuras del mundo de la política y la justicia conocidas como el ex asambleísta Ronny Aleaga, del partido Revolución Ciudadana que lidera el ex presidente Rafael Correa (2007-2017); la ex fiscal de la provincia de Guayas Yanina Villagómez o la ex comisionada colombiana Claudia Garzón, que llegó a Ecuador en plena crisis penitenciaria para iniciar diálogos de pacificación entre los presos y las autoridades, y el juez Romel Tamayo.
“El presente caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas”, enfatizó la representante del Ministerio Público, quien aseguró que “la corrupción y la delincuencia organizada son dos armas letales" contra la institucionalidad democrática.
Los 13 procesados fueron descubiertos cuando las autoridades avanzaron en la revisión de los teléfonos celulares de Leandro Norero, cabecilla de una red criminal con conexiones con altos funcionarios judiciales, de la policía, del sistema penitenciario y hasta políticos, que fue asesinado el año pasado en una cárcel ecuatoriana en una reyerta de presos.
Entre los vinculados en diciembre están Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país y al general Pablo Ramírez, quien fue el director del sistema penitenciario y hasta hace poco fue jefe de la Policía Antinarcóticos, además de jueces y abogados que operaron en una red de apoyo a Norero, en el marco del denominado “Caso Metástasis”.
De sus conversaciones surgieron decenas de miles de mensajes, de los que la fiscalía ha difundido una buena parte para mostrar cómo el narcotraficante seguía operando y ejerciendo influencia en funcionarios desde la cárcel.
Norero fue asesinado en 2022 y era señalado por las autoridades de financiar a varios grupos de delincuencia organizada y tener vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
El juez Felipe Córdova, tendrá que decidir en las próximas horas si acepta la acusación y el pedido de vinculación formulados por Salazar.
(Con información de AP)