El Congreso de Ecuador recibió una dura calificación en un informe regional

El más reciente Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) le otorga 31 puntos a la labor del congreso ecuatoriano. El ranking analizó la transparencia, la labor de la Legislatura y la ejecución del presupuesto de los parlamentos de 14 países. Diez de los países evaluados no superaron el 50% del puntaje global, mientras que el promedio regional se situó en 42,1 por ciento.

Para evaluar a las Legislaturas participaron 22 organizaciones de la sociedad civil. Los países analizados fueron Argentina (45,5%), Bolivia (24,5%), Chile (63%), Colombia (44,4%), Costa Rica (50,7%), Ecuador (42,5%), Guatemala (39%), Honduras (24%), México (52%), Panamá (39%), Paraguay (48%), Perú (60%), República Dominicana (25,3%) y Uruguay (33,3%).

En el caso de Ecuador, la Asamblea obtuvo una calificación total de 42,5 por ciento. En este puntaje global se tomó en consideración: la normatividad (53,9%), la labor del congreso (31,1%), el presupuesto y la gestión administrativa (26,9%) y la participación ciudadana (56,9%).

El informe señala tres problemáticas por cada indicador. En el caso de la labor del congreso ecuatoriano, el documento indica que falta publicar un documento oficial que registre la asistencia de los legisladores a las sesiones del pleno. Esta forma de transparencia sirve porque hace “visible quiénes asisten regularmente y quiénes no, se establece una mayor responsabilidad por parte de las y los asambleístas y se previene el ausentismo injustificado, asegurando así un proceso democrático más eficiente y equitativo”.

También el informe pide que se publiquen las votaciones de las comisiones para “que la ciudadanía ejerza un control más efectivo sobre el poder político al poder evaluar la coherencia entre las acciones y los compromisos de campaña”. En Ecuador, a través del aplicativo móvil de la Asamblea se puede acceder solo a las votaciones del pleno. Además, instan a que exista un registro de los obsequios que reciban los y las asambleístas “para garantizar la ética y la integridad en el trabajo legislativo y para prevenir posibles conflictos de interés”.

En lo referente al presupuesto y gestión administrativa, el informe destaca la falta de información y publicidad sobre los antecedentes profesionales de los asesores de los legisladores: “Aunque se publica el listado de las y los asesores y sus sueldos, no se proporcionan antecedentes profesionales que indiquen sus cualificaciones. Se recomienda entonces que la Asamblea Nacional agregue un apartado en línea donde se publique de manera accesible y actualizada información sobre el personal, sueldos, currículums, procesos de contratación de cada asesor, además de informar a qué asambleísta presta su apoyo profesional”.

En cuanto a las problemáticas normativas, el documento señala la falta de una ley o reglamento que regule el cabildeo o lobby dentro del ámbito legislativo: “Una regulación adecuada garantiza que estas interacciones sean transparentes y que toda la ciudadanía, no solo aquellos ciudadanos o ciudadanas con recursos o conexiones, tengan la oportunidad de participar en el proceso de formulación de políticas”, señala el informe. También es necesario, explica el reporte, “contar con regulación en lo que hace a la declaración y transparencia de intereses de los y las asambleístas, funcionarios y funcionarias, cónyuges y sus familiares directos”.

La Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RLTL) presentó una nueva edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) y con 42.51 puntos sobre 100 Ecuador reprueba en esta materia.

El índice analiza la transparencia y apertura de los poderes legislativos de catorce países. El promedio regional aumentó levemente del 39,6% en 2020 al 42,18% en 2023, en tanto diez países no superaron el 50 por ciento.

El ILTL se aplicó en los parlamentos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fue realizado por 22 organizaciones de la sociedad civil, que evalúan las dimensiones de normatividad, labor del Parlamento, presupuesto y gestión administrativa, y participación ciudadana.