El régimen de Ortega excarceló a 91 presos políticos en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega excarceló este lunes a 91 presos políticos en Nicaragua, luego de semanas en las que la presión de la comunidad internacional a este efecto se vio incrementada en forma de reclamos y sanciones.

En un comunicado, el Ministerio de Gobernación expresó que la decisión responde a “la voluntad de contribuir a la reconciliación nacional” y reveló que a ella contribuyeron las gestiones del papa Francisco, el nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la estatal Procuraduría de Derechos Humanos.

No obstante, la nota dio a entender que el régimen no retiraría los cargos contra los opositores: expresó que pasarían a estar bajo un “régimen especial de convivencia familiar” que conlleva “obligaciones y deberes pertinentes”. En declaraciones a la prensa, la vice presidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo, aseguró que las excarcelaciones ilustran “el compromiso de este gobierno de avanzar alrededor de la convivencia”.

Entre los excarcelados están los “aguadores”, un grupo de 13 activistas que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar auxiliar con agua a un grupo de mujeres que realizaba una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los “presos políticos” en Nicaragua. Todos ellos habían sido acusados de “tráfico ilegal de armas” y para ellos la CIDH, ente autónomo de la OEA, había exigido protección el pasado sábado.

En diálogo con AFP, una de las activistas, Amaya Coppens, aseguró que durante su estadía en la cárcel policial de El Chipote, en Managua, se dieron casos de “torturas y maltrato” de opositores.

Hasta el 27 de diciembre había en las cárceles nicaragüenses 148 opositores detenidos, de acuerdo a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). “Aún quedan hermanos en las celdas, el régimen debe liberar a todos los presos políticos”, demandó la opositora ACJD en un comunicado.

No obstante, distintos referentes regionales y mundiales saludaron la decisión. El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, calificó de “buenas noticias la liberación de presos políticos hoy en Nicaragua”.

Las excarcelaciones llegan poco después de que actores de la comunidad internacional intensificaran su presión sobre el régimen de Ortega. El gobierno de Estados Unidos impuso en ocasiones separadas sanciones contra Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel, y tres altos cargos.

Rafael Murillo fue sancionado por lavado de activos y corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense, según informó el Departamento del Tesoro el 12 de diciembre. “Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las medidas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también incluyó en su lista negra a dos compañías bajo la égida de Ortega Murillo: Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. Además, la OFAC sancionó a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de servicio gestionada por Ortega Murillo y su madre, la vicepresidenta.

El 8 de noviembre, en tanto, sancionó a Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía; Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo; y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social. Todos fueron implicados en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”, a la vez que exigió “elecciones pronto y libres” en el país centroamericano. Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en EEUU y prohíbe transacciones financieras con entidades estadounidenses.

Estados Unidos mantiene una política de presión máxima al gobierno de Ortega, al que acusa de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral, y aboga por un “retorno a la democracia” en Nicaragua a través de elecciones “anticipadas, libres y transparentes”.

A principio de mes, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, resaltó la presión ejercida sobre el régimen. “Estados Unidos está tomando acciones para restaurar la democracia en Nicaragua”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, donde destacó que 10 altos funcionarios y una entidad del gobierno de Daniel Ortega fueron sancionadas en el último año, desde la firma de una orden ejecutiva que habilita las medidas de represalia.

“¿Quién sigue? Continuaremos presionando al régimen de Ortega hasta que las libertades sean restauradas”, añadió. La semana anterior, Trump había prorrogado una orden ejecutiva que permite a su administración sancionar a funcionarios del Gobierno de Nicaragua porque consideró que la situación en el país centroamericano supone una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, debido a la “violencia” con la que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, respondió a las protestas que estallaron para pedir su renuncia.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por su parte, la consideró “un paso positivo para restituir la libertad plena a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo a las que todavía permanecen presas”. La OACNUDH " alienta al Gobierno de Nicaragua a seguir el camino del diálogo y cumplir las recomendaciones de los órganos regionales e internacionales para superar la persistente crisis de Derechos Humanos". Asimismo, reitera su disposición de colaborar para tales fines", agregó en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Nicaragua está inmersa en una crisis que estalló el 18 de abril de 2018. Aunque las protestas inicialmente denunciaron una impopular reforma del seguro social, luego expandieron su abanico e incorporaron demandas por los avances del régimen contra la democracia en el país. Las manifestaciones exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega, en el poder de forma consecutiva hace casi 13 años.

Según la CIDH, los choques entre manifestantes, policía y grupos progubernamentales dejaron al menos 328 muertos -aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 568 las víctimas mortales- centenares de detenidos y 88.000 exiliados.

La crisis ha provocado además una profunda recesión económica en Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio, dejando en el desempleo a más de 150.000 personas, de acuerdo al gobierno, y a más de 400.000 según el sector privado.

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