Grupos armados, corrupción y extorsión: los poderosos tentáculos de la minería ilegal en Ecuador

(Quito, Ecuador) Más de un año tomó a las autoridades ecuatorianas emprender el operativo que, entre el 1 y 4 de julio, logró retomar el control de minas de oro en la montaña La Joroba, en la población La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador.

Esa montaña desde fines de 2017 fue tomada por mineros ilegales, migrantes del propio país y del exterior, y también por grupos armados que instalaron en el cerro una costosa infraestructura para extraer e incluso procesar allí el oro que luego trasladaban a Colombia y Perú.

Al inicio, el material mineralizado salía de La Merced de Buenos Aires en camiones, mulas y trailers y atravesaba varias provincias, hasta llegar a plantas procesadoras en el sur de Ecuador, en la provincias de El Oro y Azuay. Luego el mineral salía convertido en barras, para lo cual los delincuentes contaban con apoyo de uniformados que eran sobornados para dejar transitar los camiones con el material mineralizado.

"Se pagaba entre USD 30.000 y 40.000 en sobornos por camión", dice una persona relacionada con el tema. Ese dinero iba a varias personas en el trayecto de los camiones.

La Merced de Buenos Aires es un pequeño poblado rural, localizado a unos 20 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia. Sus pobladores, tradicionalmente dedicados a labores agrícolas y ganaderas, no superaban 1.800 personas, pero sus tierras fueron invadidas por hasta 10.000 foráneos movidos por la fiebre del oro.

Como sucede en todos los países en donde se da minería ilegal, alrededor de ella también se desarrollaron un sinnúmero de delitos: lavado de dinero, trata de personas, trabajo infantil, prostitución, contrabando de combustibles, de armas y de explosivos, extorsión y ajusticiamientos.

En La Merced de Buenos Aires, hasta el momento se ha encontrado cinco cadáveres enterrados en la montaña, pero los mineros comentan que hay muchos más.

La millonaria inversión en La Joroba es evidente: se instalaron plantas de luz, una centralilla de internet satelital, televisión por cable, plantas de procesamiento del mineral, motores, piscinas de oxidación, trituradoras y un sistema de al menos 250 poleas, la mayoría con cables de cobre, a través de las cuales se subía provisiones, comida, combustible, herramientas, enseres … Y se bajaba el material mineralizado desde lo más alto de la montaña hacia los asentamientos ubicados a unos cuatro kilómetros, sobre todo a los denominados por los propios mineros como Mina Vieja, Mina Nueva y Olivar.

En La Joroba, bautizada por los ilegales como "El Lomón", había un sistema logístico perfectamente armado para transportar el material mineralizado, la comida, los combustibles y hasta la diversión pues en la montaña se instalaron bares y hasta prostíbulos.

Ecuatorianos y extranjeros tras el oro
Los buscadores de oro llegaron a la Merced de Buenos Aires desde Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, de algunos países centroamericanos y hasta de países europeos. Según las autoridades, dos tercios de quienes salieron de las minas a consecuencia del operativo eran extranjeros.

Los ecuatorianos llegaron sobre todo desde Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro; Chinapinza, en Zamora Chinchipe; Ponce Enríquez, en Azuay, y otras poblaciones con la esperanza de ganar dinero, pero en la mayor parte de casos quedaban más endeudados de lo que entraron pues las mafias que controlaban el negocio les hacían pagar, semanal o mensualmente, para trabajar en las minas, excavando o triturando la piedra; para mantenerse bajo improvisadas estructuras de palos y plásticos, obtengan o no el mineral; igual debían pagar los dueños de los pequeños negocios que se instalaron alrededor de los mineros para tener "seguridad".

Las "vacunas" debían pagarlas todos quienes tenían algún tipo de negocio relacionado con la mina. Los pequeños negocios que se entablaron alrededor de la actividad ilegal eran manejados por personas llegadas de diferentes sitios de Ecuador, muchos de ellos desde San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, una zona que también ha sido devastada por mineros ilegales.

Mercedes Payo, una mujer de 60 años, llegó a La Joroba desde la población de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ella era dueña de uno de los cables por los que se transportaba comida para quienes estaban adentro de la mina. "Las ganancias de ese trabajo eran compartidas con el motorista, el dueño, el que maneja abajo y el que ayuda abajo", dice.

Mercedes, quien invirtió USD 2.000 dólares en el cable y la estructura para montarlo en la montaña, al igual que otras personas que instalaron negocios en la Merced de Buenos Aires y mineros que llegaron desde el sur del país para sacar el oro piden al gobierno que los deje volver.

Wilian Rodríguez, quien también llegó de San Lorenzo e instaló un restaurante y una tienda dice que a nombre de 8.000 personas de Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, que conforman el asentamiento denominado "Ciudad de Plástico" exije al gobierno les deje entrar nuevamente a La Merced de Buenos Aires.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sin embargo, es clara: el gobierno tendrá mano dura. Para quienes estén al margen de la Ley no habrá permisividad.

Casi 100 organizaciones delictivas desmanteladas desde 2018

Entre el 2018 y lo que va de 2019, según la ministra del Interior, en La Merced de Buenos Aires las autoridades desmantelaron 92 organizaciones delictivas, detuvieron a 859 personas, incautaron más de 3.400 toneladas de material mineralizado y 350 vehículos, mediante 325 operativos. Los jueces locales, sin embargo, dejaron en libertad a la mayoría de los detenidos pues la prueba del delito, los camiones con material mineralizado, lograban escapar.

Fue el último operativo, denominado "Amanecer Radiante", cuya primera parte se realizó entre el 1 y el 4 de julio, amparado en un decreto presidencial de excepción en la zona, el que permitió retomar el control de las minas, luego de que el 23 de junio se produjera  un enfrentamiento armado entre los grupos en control de la zona, con los mineros ilegales, que dejó al menos 19 heridos.

El operativo fue planificado durante meses, pero había que realizar labor de inteligencia y hacerlo en el momento oportuno para minimizar el riesgo de enfrentamientos armados, cuenta a Infobae una persona que formó parte de él.

Como resultado del operativo, los militares detuvieron a 33 personas y decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.239 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea y cuatro bombas de agua, entre otros.

Sin embargo, los cabecillas armados, que se estima eran unos 50, huyeron por la montaña, cuya accidentada geografía les facilitó la fuga, a la que también contribuyó que el operativo hasta llegar a la montaña se realizó en 3 días, lo cual dio tiempo a los delincuentes.

Unos graffitis que aparecieron el 9 de julio en los improvisados asentamientos, ahora destruidos, las altas inversiones para montar la infraestructura para extraer el oro, así como la presencia de grupos armados, el cobro de vacunas y los ajusticiamientos hacen presumir a algunos que entre los cabecillas podrían estar disidentes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Si bien Buenos Aires representó el lugar más conflictivo de minería ilegal en Ecuador, tanto por el número de mineros y la presencia de grupos armados como por las condiciones geográficas del sitio, no es el único.

Datos oficiales dan cuenta de al menos 500 puntos de minería ilegal en diversas provincias de Ecuador; ellos 166 son considerados de alta conflictividad y ya han pasado factura: tala indiscriminada e ilegal de árboles, contaminación de ríos con cianuro y mercurio, efectos en la salud de los habitantes de las poblaciones en donde se desarrollan estas actividades, por citar solo algunos.

La mayor contaminación se ha detectado en la población de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, y en las provincias de Imbabura y Zamora Chinchipe, en esta última la extracción de oro se realiza con mercurio y el impacto al río Nangaritza es alto, pues las descargas de sedimentos y materiales como aceites, residuos de gasolina, guaipes y otros van directamente a sus aguas.

Los puntos más conflictivos de minería ilegal se ubican en 10 de las 24 provincias del país: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.

En algunos de esos sitios incluso ha habido secuestro de funcionarios que controlan las actividades de minería ilegal, y destrucción de bienes públicos, según información de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

La segunda etapa del operativo "Amanecer Radiante", que comenzó ya el 8 de julio, busca desarticular las organizaciones delictivas que están detrás de la minería ilegal y las actividades delictivas conexas. También busca desarticular a los financistas de estas actividades ilícitas.

Romo ha reconocido que el control de la minería ilegal no terminará con la intervención en La Merced de Buenos Aires, que podría prolongarse más allá de los 60 días determinados en el estado de excepción, sino que el Estado tendrá que convivir y prepararse para esta amenaza.

Las palabras de Romo tienen su razón de ser pues 16 de las provincias de Ecuador tienen un importante potencial minero, que hace prever que las mafias nacionales y extranjeras atrás de la minería ilegal continuarán reclutando gente de zonas deprimidad donde falta el empleo para ir tras otros yacimientos.

El gobierno ecuatoriano, hasta el momento, ha anunciado mano dura, pero no ha hablado de ningún plan específico de control o contingencia, mientras se espera que al menos dos proyectos mineros considerados estratégicos inicien, hasta el último trimestre de 2019, la producción a gran escala en el país andino, como la antesala de una serie de otros proyectos, muchos de ellos de talla mundial, que comenzarán en los próximos años lo que se espera sea un boom de la minería.