Imane Rachidi
La Haya, 21 nov (EFE).- La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declara a Birmania (Myanmar) responsable del genocidio contra los rohinyá podría tener implicaciones para la demanda de Sudáfrica contra Israel por su ofensiva militar en Gaza, al confirmar que un conflicto armado o la lucha contra el terrorismo no excluye una posible intención genocida.
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"Es la parte de la sentencia que tendrá más repercusiones para futuros casos de genocidio", explicó a EFE el jurista internacional Reed Brody.
Gambia denunció a Birmania en 2019 por las atrocidades cometidas contra la minoría musulmana rohinyá; Sudáfrica acudió al mismo tribunal en diciembre de 2023 para acusar a Israel de violar la Convención contra el Genocidio.
Israel rechaza las acusaciones y justifica su ofensiva como respuesta de "legítima defensa" frente a los ataques de Hamás de octubre de 2023. Birmania alegó que sus operaciones de 2017 en el estado de Rakáin respondían a ataques del grupo armado rohinyá ARSA, al que considera terrorista.
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Ambos países negaron que sus operaciones tuvieran una intención genocida.
Para Brody, al rechazar la explicación militar de Birmania, la Corte dejó claro que "la existencia de un conflicto armado o un objetivo de seguridad no excluye la intención genocida" y que "pueden coexistir varias intenciones".
Aunque las operaciones birmanas coincidieron con ataques de ARSA, los jueces concluyeron que las ejecuciones, violaciones masivas, ataques contra menores y destrucción de aldeas no podían explicarse como una campaña contra la insurgencia.
Este razonamiento podría ser relevante para Israel, aunque la Corte todavía debe decidir, en base a las pruebas, si se cometió genocidio en Gaza.
La Corte también rechazó que las operaciones de Birmania buscaran únicamente expulsar a los rohinyá, después de constatar ataques contra civiles, incluidos niños, cuando huían hacia Bangladés.
Los jueces recordaron que el desplazamiento forzoso y el genocidio pueden producirse simultáneamente.
Sudáfrica ha denunciado desplazamientos masivos, mientras Israel presenta sus órdenes de evacuación como medidas de protección de civiles.
La CIJ también examinó la destrucción de centenares de aldeas rohinyá y su posterior sustitución por instalaciones militares y asentamientos de otras comunidades.
Aunque ambos escenarios presentan diferencias que deberán valorarse por separado, Sudáfrica ha denunciado igualmente la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras en Gaza.
Otra cuestión importante es si imponer condiciones de vida extremas puede constituir genocidio.
La Convención de 1948 prohíbe someter deliberadamente a un grupo a condiciones destinadas a provocar su destrucción física, lo que puede incluir privarlo de alimentos, atención médica o alojamiento.
La Corte reconoció la discriminación y las graves restricciones sufridas por los rohinyá, pero no consideró suficientemente demostrado este acto concreto, aunque sí declaró probado el genocidio mediante asesinatos, daños físicos y mentales graves y medidas destinadas a impedir nacimientos.
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Sudáfrica ha denunciado la crisis humanitaria y las restricciones al acceso a alimentos, agua y asistencia sanitaria en Gaza.
Uno de los aspectos más difíciles de demostrar en un caso de genocidio es que los responsables pretendían destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Brody destacó que los jueces examinaron "el patrón general de conducta", desde "las masacres coordinadas" hasta "las violaciones, las aldeas incendiadas" y los discursos de odio, en lugar de analizar cada hecho por separado.
La Corte concluyó que destruir "una parte sustancial" de la población rohinyá era "la única inferencia razonable" que podía extraerse de las pruebas.
También señaló que el hecho de que Birmania "no aprovechara todas las oportunidades" para destruir a los rohinyá no impedía deducir una intención genocida.
Es decir, no es necesario que un Estado intente matar a todos los integrantes de una comunidad para que sus actos puedan constituir genocidio.
La CIJ examinó una red de 43 páginas de Facebook vinculadas al Ejército birmano, mientras que investigadores de Naciones Unidas identificaron 10.485 publicaciones de odio en 36 de ellas.
En un vídeo, un soldado llama "animales" a los rohinyá y anima a los civiles: "Si podéis llevar una espada, llevad una espada; si podéis llevar un palo, llevad un palo".
Otra publicación instaba a "afilar incluso los cuchillos de casa" ante una supuesta amenaza musulmana.
Aunque la Corte vinculó esos mensajes al Estado birmano, no consideró probado el delito específico de "incitación directa y pública" al genocidio contra civiles.
Brody subrayó que "esos mensajes contribuyeron al conjunto de pruebas" utilizado para establecer la intención genocida, aunque no bastaran por sí solos para demostrar ese delito independiente.
La sentencia también aborda las dificultades de investigar cuando un país impide acceder a las pruebas: la CIJ constató que Birmania negó la entrada a los investigadores y recordó que las reglas probatorias pueden aplicarse "con flexibilidad" si el país controla información relevante.
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Para Brody, el fallo confirma una transformación de la justicia internacional: "Hemos entrado en una nueva era" en la que la Corte "cada vez más es un tribunal de derechos humanos". EFE
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