La JEP señala a diez generales del Ejército de Colombia por su implicación en más de 2.700 'falsos positivos'

Imagen KV4E2DRYYRBTZBWSDCNKJ2QW74
Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz --el tribunal surgido en Colombia tras los acuerdos de paz de 2016-- ha identificado a diez generales retirados del Ejército por su responsabilidad en la muerte de 2.702 personas entre 2002 y 2008, a las que se hizo pasar por bajas en combate, en lo que se conoce como 'falsos positivos'.

Entre los militares se encuentra el general Mario Montoya, comandante del Ejército durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuyo periodo está marcado por un aumento de estos 'falsos positivos', de la mano de un programa de incentivos económicos y laborales a miembros de las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

La JEP ha establecido que Montoya es el "máximo responsable" por consolidar e institucionalizar "una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate" como principal indicador de éxito en las operaciones.

De igual forma, también este tribunal ha identificado que el general del Ejército puso en marcha mecanismos para encubrir y "medidas que aparentaban responder a las irregularidades" que se fueron conociendo, lo que contribuyó a seguir con un patrón criminal que cifra en 6.402 las víctimas que ha propiciado.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que este número es aproximado, pues abarca casos entre 2002 y 2008, si bien se han registrado desde 1988. "Los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate causaron daños profundos y duraderos", en especial afectando al bueno nombre de las víctimas, ha señalado la JEP.

La JEP es un tribunal especial para juzgar a actores armados del conflicto colombiano, tanto guerrilleros como miembros de las fuerzas de seguridad. Aquellos acusados que reconozcan los hechos sortearán la Justicia ordinaria siempre que se comprometan con las víctimas, ofreciendo verdad y reparación.

En ese caso, serán condenados a penas restaurativas, como libertad vigilada, restricción de derechos, o servicios a la comunidad, que incluye diversos proyectos sociales como la búsqueda de desaparecidos, participar en la construcción de infraestructuras en las zonas afectadas por la violencia, o iniciativas educativas.

Si no aceptan los cargos, o bien incumplen algunas de las condiciones para sumarse a estos beneficios, se enfrentan a un proceso judicial que puede acarrearles pena de hasta 20 de prisión.