Manila, 9 nov (EFE).- El juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, se reanudó este lunes para entrar en su fase final tras casi un mes de pausa, un periodo en el que la defensa presentará más de una veintena de testigos para rebatir la acusación de enriquecimiento ilegítimo.
El equipo legal de la vicepresidenta expondrá sus argumentos en las audiencias programadas hasta finales de mes, en las que los fiscales podrán interrogar a los cerca de 24 testigos citados, según el calendario fijado por el tribunal de destitución del Senado.
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La defensa citará a directivos de empresas, funcionarios y representantes de entidades bancarias. Entre ellos, personal de Gencorp, empresa vinculada a la vicepresidenta, que testificará sobre los supuestos intereses comerciales de la número dos del Gobierno.
Esta sesión, la cuadragésima desde que comenzó el proceso, marca el inicio de la recta final de un juicio que, según la fiscal jefe de la Cámara de Representantes, Gerville Luistro, podría concluir antes de que acabe noviembre.
"Tenemos motivos para creer que estos 30 días de prueba se reducirán significativamente", afirmó Luistro en un comunicado recogido por el medio local Inquirer, donde expresó su deseo de que el proceso termine antes de Navidad.
Aunque Duterte fue acusada inicialmente de cuatro cargos, el Senado aceptó el pasado 13 de octubre la retirada de tres de ellos, incluido el de amenazas graves contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., a quien Duterte aseguró en 2024 haber encargado matar si ella misma era asesinada.
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El presidente del tribunal, el senador Francis Escudero, precisó que los cargos por uso indebido de fondos confidenciales y por amenazas no podrán volver a presentarse durante el actual mandato. Mientras, la acusación de soborno quedó descartada solo a efectos de este proceso.
Para condenar a la vicepresidenta bastará con el voto de dos tercios de los senadores capaces de participar. Previsiblemente, Duterte no contará con el voto de sus aliados Rodante Marcoleta y Jinggoy Estrada, detenidos por cargos de saqueo, ni con Ronald 'Bato' dela Rosa, prófugo y reclamado por la Corte Penal Internacional (CPI).
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Un veredicto de culpabilidad inhabilitaría de por vida para ejercer cargos públicos a la hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022) y frustraría además su aspiración, anunciada en febrero, de competir en las presidenciales de 2028, en las que las encuestas la sitúan como favorita. EFE
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