Colaboración con las plataformas y no prohibición, vía mayoritaria en los países europeos

Redacción Internacional, 28 oct (EFE).- La posibilidad de establecer restricciones a las redes sociales en casos graves de manipulación y difusión de mensajes de confrontación o violencia existe en diferentes países, pero apenas se emplea y los gobiernos europeos prefieren llamar a las plataformas a que moderen sus contenidos.

Cada vez es más frecuente que las autoridades detecten acciones organizadas a través de las plataformas para agitar sentimientos de odio contra migrantes y grupos minoritarios o amplificar mensajes de protesta con fines violentos.

Aunque en muchos casos existen normativas que podrían permitir una limitación de esas plataformas, la verdad es que los gobiernos todavía no se atreven a aplicar prohibiciones.

La Comisión Europea explicó a EFE que la responsabilidad principal sobre los contenidos recae en las plataformas, obligadas por la Ley de Servicios Digitales (DSA) a prevenir el uso indebido de sus sistemas. Los Estados miembros pueden emitir órdenes de información y cuentan con el apoyo de Bruselas, que actuará si detecta una dimensión sistémica.

Hace unos días una treintena de eurodiputados pidió a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, investigar el alcance y la amplificación de las llamadas al saqueo que se registran en manifestaciones y protestas convocadas legalmente.

Los firmantes piden además aclarar si esa violencia puede activar el mecanismo de crisis del artículo 36 de la DSA, que permite a Bruselas exigir medidas temporales a las grandes plataformas ante una amenaza grave para la seguridad pública y que hasta ahora no se ha usado.

Bruselas no lo ha activado y no confirma tener constancia de una manipulación informativa extranjera detrás de los disturbios, según fuentes comunitarias.

A este respecto, la ministra belga de Agenda Digital, Vanessa Matz, dijo que convocará a las principales plataformas para preguntarles qué medidas aplican para que sus servicios y algoritmos no fomenten la violencia ni amplifiquen llamamientos a "cometer destrozos a cambio de 'likes'".

La influencia de las redes sociales en la movilización de protestas violentas preocupa también al Gobierno neerlandés, cuyo centro de investigación judicial WODC alertó en septiembre de la “rapidez” con la que “desinformación, rumores y llamamientos” difundidos en plataformas digitales pueden contribuir a alterar el orden público, aunque insistió en la necesidad de proteger la libertad de expresión y manifestación al hacer frente a disturbios impulsados por internet.

En Francia, el papel de las redes sociales para la coordinación de actos vandálicos ha sido preponderante en el grado de violencia y pillaje registrado, según las autoridades.

El Gobierno, que llegó a plantearse la suspensión de ciertas plataformas durante las protestas, ha optado, de momento, por la herramienta Pharos, dependiente del Ministerio del Interior y encargada de centralizar las denuncias de saqueos y pillajes. Al mismo tiempo, el Gobierno ha citado a TikTok, Meta, Snapchat, Reddit, Discord y Google para que cooperen.

El presidente Emmanuel Macron ha sido muy explícito: "Las redes sociales dañan la democracia. Porque polarizan, crean una especie de estupefacción ante las escenas de violencia, porque para algunos son instrumentos de movilización para lo peor".

Alemania ya ha registrado varios casos de desinformación y bulos en sus campañas electorales y el propio canciller Friedrich Merz denunció las injerencias del magnate estadounidense Elon Musk, que a través de su red social X apoyó abiertamente a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)

Para prevenir esta situación en la medida de lo posible, la autoridad electoral apuesta por un monitoreo estructurado como sistema de alerta temprana, por informar bien a los ciudadanos y por reaccionar rápidamente cuando se detecten casos de desinformación.

El Gobierno polaco ve la interferencia extranjera en redes como una amenaza directa a la seguridad electoral y a la estabilidad, y recientemente ha pasado de la mera vigilancia a una postura de confrontación con Meta, X y otras plataformas.

Varsovia ha pedido a la Comisión Europea una multa de 250 millones de euros contra Meta por anuncios fraudulentos y desinformación en Facebook, Instagram y WhatsApp, y ha acusado a X, de responder demasiado lentamente contra los mensajes de odio y desinformación, por lo que ha abierto una auditoría y un procedimiento sancionador.

Tras los recientes ataques con arma blanca en centros escolares, Varsovia aceleró una legislación para retirar contenidos dañinos con mayor rapidez y la posibilidad de bloquear contenidos que inciten a violencia política en 48 horas sin orden judicial previa.

Finlandia, el país de la UE con la frontera más larga con Rusia, mantiene una preocupación constante sobre interferencias extranjeras y amenazas híbridas de cara a sus próximas elecciones parlamentarias, previstas para abril de 2027.

Por ello, el Gobierno canceló en marzo pasado sus planes de migrar la plataforma técnica de las elecciones a los servidores en la nube de Amazon y decidió mantener los datos electorales en centros de datos locales, además de negarse a utilizar el voto electrónico para evitar posibles jaqueos.

El país nórdico combate la desinformación en redes mediante la alfabetización digital de niños y jóvenes sobre detección de noticias falsas.

En Italia existe un atento control a la actividad en las redes sociales, lo que ha permitido la detención de Youssef Siher, un experto en política internacional y presunto creador del denominado 'Movimiento 17 Octubre', un grupo anónimo que desde Instagram y Telegram pretendía dar indicaciones para nuevas protestas.

Se le imputan dos delitos: incitación a delinquir con finalidad terrorista e incitación a la violencia organizada, un cargo introducido hace pocas semanas en el Código Penal por el Ejecutivo.

Las autoridades turcas han restringido en numerosas ocasiones el acceso a redes sociales durante protestas, mediante la reducción de la velocidad de conexión y el bloqueo de plataformas, cuentas o contenidos.

La ralentización puede dificultar o incluso hacer casi imposible enviar mensajes, difundir imágenes o emitir vídeos en directo, lo que limita la comunicación entre manifestantes y la cobertura de las movilizaciones.

Así sucedió tras la detención, el 19 de marzo de 2025, del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal rival político del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, anunció el domingo una reforma que permitirá a la Policía exigir la retirada de publicaciones en redes sociales que inciten a la violencia durante las manifestaciones, dentro de un paquete legal contra lo que denominó "violencia y anarquía urbana".

La propuesta prevé fijar como delito las llamadas a la violencia en estas plataformas y actuar contra quienes no eliminen esos mensajes o reincidan, unas medidas que han suscitado preocupación entre activistas y ONG por sus efectos sobre las libertades de expresión y reunión. EFE